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Artículo 4º...¿De qué se asustan?

Con la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de reforma al artículo 4 constitucional, para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, se abre de nuevo la polémica en México cada vez que una reforma de esos alcances -y esas proporciones- se plantea.

¿Por qué? Porque en México, su Constitución -que va ya para su reforma 698 de 1917 a la fecha- representa no sólo la Carta Magna o el documento que señala los derechos fundamentales que rigen a todos los mexicanos sin distinción, sino que también ha sido la expresión traducida al estado de Derecho, de la lucha entre las diversas fuerzas políticas y sociales en juego en la historia nacional.

Lo fue cuando en la Constitución de 1824 se instituyó la religión católica como “religión de Estado”, negando cualquier otra. También cuando los liberales del 57 la quitaron, reconociendo el Estado laico bajo el principio de que los gobiernos “ni prohibirán ni promoverán religión alguna”, para evitar con ello las turbulentas pugnas por el Poder que caracterizaron más de la mitad del siglo XIX en México.

Turbulencias se presentaron también con la iglesia por la promulgación de las Leyes de Reforma, promulgadas por Juárez entre 1859 y 1863.

El principio de la “no reelección presidencial” se instituyó también, pero por las circunstancias de la época fue poco acatado, y menos respetado.

Porfirio Díaz terminó su primer período en 1880, entregándole pacíficamente el Poder a su compadre Manuel González, que se lo devolvió en 1884. Díaz no lo soltó hasta que violentamente fue echado del Poder en mayo de 1911.

Dos temas preocuparon entonces a los revolucionarios: La reelección presidencial y la Vicepresidencia de la República revivida en 1904.

La Vicepresidencia fue suprimida por Carranza en 1916 y la reelección fue anulada por Madero en 1911 y por el Constituyente de 1917; pero mediante una reforma en 1927 volvió a permitirse (no para el período inmediato) la “reelección relativa sólo por un período más”.

En 1928 fue asesinado el reelecto presidente Álvaro Obregón. ¿Qué tanto pesó en su asesinato el hecho de que se haya reelecto, faltándole al respeto a uno de los principios y proclamas enarbolados por los revolucionarios casi 20 años atrás, bajo la famosa expresión de “Sufragio Efectivo. No Reelección"? Nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero algo tuvo que ver esa osadía en el complot político-religioso para asesinar al Sonorense.

La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en Latinoamérica que incluyó los derechos sociales como una garantía, pero dichos ordenamientos tardaron mucho en plasmarse en la realidad. No había recursos para traducirlos en hechos. Tampoco las condiciones políticas para hacerlos aterrizar en beneficio colectivo.

Obregón no pudo aterrizarlos porque las arcas estaban vacías; tenía un Congreso en contra, Los Estados Unidos no lo reconocieron los primeros tres años porque se negó a complacerlos en su petición de no hacer retroactivas las disposiciones constitucionales en materia agraria, minera y petrolera y, para colmo, se le rebela su secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta, al sentir que la sucesión presidencial favorecía a Plutarco Elías Calles.

¿Qué hacer con los derechos sociales en los seis años posteriores al asesinato del presidente Obregón, donde las prioridades del sistema político eran las de atender el conflicto religioso (1925-1929) y las pugnas por el Poder, con el agregado de arcas oficiales casi siempre vacías?

Entre el período de Lázaro Cárdenas y el de Luis Echeverría (1934-1976) se da la expansión mayor de los derechos sociales en materia agraria, laboral, educación, salud y vivienda. También las herramientas jurídicas y administrativas para atender las crisis.

Se multiplica el número de inscritos en la seguridad social, y los accesos a la urbanización, la electricidad casera, el agua potable, el drenaje y el alcantarillado experimentan una gran expansión. Más escuelas, maestros, estudiantes y obreros reflejan la transición del campo a la industria.

Esos cambios provocaron otros, así como nuevas exigencias: Una mayor urbanización nutrió la expresión políticas de las clases medias, el mejoramiento de los accesos a la educación fomentó nuevos esquemas de participación política y aparecieron nuevos actores demandantes de más cambios y mayores avances: Sindicatos, empresarios, clero, jóvenes, mujeres, dirigencias campesinas, partidos políticos, etc.

Hasta finales del gobierno del presidente Echeverría, la Constitución había experimentado sólo 179 cambios.

Entre 1976 y el 2016, en 40 años, la Constitución ha experimentado 518 más, registrando en total 697 entre 1917 y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (enero de 2016).

En esos 40 años las exigencias de cambio en todos los órdenes se han plasmado en reformas constitucionales con una mayor intensidad (derechos humanos; representación política; trabajo; educación; religión; finanzas públicas; intervención del Estado en Economía; seguridad; regulaciones; propiedad; recursos naturales; justicia; ambiente; problemas de género; cultura y derechos de los pueblos indígenas). Los cambios se han dado entre tensiones, violencia, conflictos, negociaciones, protestas y una diversidad de manifestaciones políticas y sociales que han perfilado un nuevo México.

También la voluntad de los gobernantes por reformar y actualizarse conforme se registraban los grandes cambios ocurridos en el mundo: Segunda Guerra Mundial; derrota del fascismo en Europa; golpes de Estado en naciones latinoamericanas; las revoluciones en China y Cuba; las crisis de 1968; las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina; la caída de Allende en Chile; y la caída del Muro de Berlín en 1989, entre otros.

En México, el PRI como partido dominante empezó a experimentar su crisis y nuevas corrientes de ideas se sumaron a través de la representación política, para enfocar el diseño de las nuevas soluciones nacionales.

Nuevas demandas, nuevos accesos, nuevos derechos se fueron presentando y entre los artículos constitucionales que más cambios han experimentado ha sido el 4o. Constitucional.

Del original de 1917 ya nada queda. El artículo hasta ahora ha experimentado nueve reformas. La mayor parte de su contenido original fue pasado al quinto y a otros, como se verá en las reformas ocurridas.

El tema del control de la natalidad, con toda la polémica que generó promovió la primera reforma que se dio en 1974, para establecer “la igualdad ante la ley del varón y la mujer”, la organización y el desarrollo de la familia, y “la libertad de la pareja para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.

La segunda reforma se dio en 1980 y fue para refrendar “los derechos de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, remite a la ley para definir los apoyos y la protección de los menores a cargo de instituciones públicas”.

La tercera reforma fue en 1983 y se dio para “consagrar el derecho a la salud de todo individuo” y para "que las leyes definan las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y concurrencia de atribuciones, entre la federación y las entidades federativas”.

La cuarta fue en el mismo año, para establecer “que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que por ley se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

La quinta se dio en 1992, promovida para “reconocer que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas y dispone que la ley proteja y promueva el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y organización social, así como el acceso a la jurisdicción del Estado y tome en cuenta a sus prácticas y costumbre jurídicas”.

La sexta ocurrió en 1999, para determinar “que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

La séptima ocurrió en el 2000 y especifica que “las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral", y agrega: "Los ascendientes, tutores o custodios tienen el deber de preservar dichos derechos... El Estado proveerá para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez, el ejercicio de sus derechos y otorgará facilidades para que se coadyuve a su cumplimiento”.

La octava reforma se da en 2001, con la aprobación de un nuevo artículo segundo constitucional que incluye todo lo relativo a la cultura y derechos de los pueblos indígenas, y así se derogó el párrafo primero que pasó a ser parte del artículo 2 y recorre el orden de los párrafos.

La novena reforma ocurre en 2012, para establecer el derecho para toda persona “de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

La décima reforma (2016) es la que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto relativa a la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En todas las naciones con alta presencia de la iglesia católica, ésta se ha opuesto rabiosamente a la reforma. México no ha sido la excepción.

Este derecho ha sido ya reconocido en Holanda, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, Francia, Luxemburgo, Brasil, Irlanda, Colombia y los Estados Unidos. En México se legisló ya en la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Michoacán y la Suprema Corte decidió que los matrimonios realizados en la Ciudad de México eran válidos para todo el país, de lo que tomaron nota de inmediato las principales instituciones públicas y privadas relacionadas con el derecho civil y mercantil.

La Iglesia juzgó y condenó a Galileo por atreverse a afirmar que la tierra no era el centro del Universo (principio heliocéntrico), como lo sostenían los teólogos (principio geocéntrico). La ciencia y la historia se encargaron de demostrar que Galileo tenía razón y la Iglesia se arrepintió después de haberlo llevado a juicio. ¿Por qué asustarse ahora, entonces?

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