06282022Mar
Last updateJue, 09 Jun 2022 7pm

Diálogo:Podría Trump perder reelección

Ante la decepción e indecisión de muchos ciudadanos votantes en Estados Unidos el presidente Donald Trump podría ser el quinto mandatario en perder su reelección en la historia de ese país.
 
El próximo 03 de noviembre los estadounidenses enfrentarán el riesgo de contagio de Covid-19 al acudir a votar y la decepción ciudadana en sus políticos, por ello la intención del electorado de acudir a las urnas es un factor determinante para los analistas al momento de interpretar las encuestas.
 
En un país con dos partidos, todo agosto y hasta inicios de septiembre Joe Biden mantuvo una tendencia a la alza en las preferencias electorales aun cuando a finales de julio la aprobación de su contrincante Trump subió de 40.2% a 43.2%.
 
Presidentes anteriores que se han reelegido han llegado a la contienda e incluso al día de la elección con niveles de aprobación de más del 50%. Los contendientes que perdieron su reelección tenían un nivel de aprobación de 45% -George W. Bush y  Jimmy Carter-.
 
A principios de abril tanto Biden y Trump estaban técnicamente empatados, pero incluso entonces el margen de error de 3.4% favorecía a Biden. Desde entonces y hasta el día de hoy el demócrata se mantiene en la delantera, y faltando seis semanas para la elección la ventaja es en promedio del 7% según coinciden las encuestadoras estadounidenses.
 
Analistas aseguran que 5 puntos porcentuales de ventaja en el voto popular hace imposible que de pierda el colegio electoral, de ser cierto esto Biden ganaría la presidencia de EEUU y regresaría al partido demócrata a la Casa Blanca.
 
Sería un contexto al menos atípico pues en el país vecino del norte los llamados ‘incumbents’ –los que están en el poder- es muy difícil que no logren su reelección.
 
Desde George Washington de 20 presidentes que han buscado la reelección, sólo cuatro han perdido los comicios: Herbert Hoover en 1932; Gerald Ford (suplente de Richard Nixon) en 1976; Jimmy Carter en 1980 y George H. W. Bush en 1992.
 
Recordemos que la forma de elección presidencial en EEUU es democracia indirecta, sistema caracterizado por el binomio del voto popular ejercido por los ciudadanos estadounidenses en los centros de votación; y por el voto electoral del Colegio Electoral que es el que en términos reales define la elección.
 
El Colegio Electoral lo conforman grupos de electores previamente elegidos en cada estado en un número proporcional a su representación en la cámara, y cada estado recibe un número de votos según su población.
 
Es decir, que el Presidente de los EEUU es elegido de manera indirecta por los ciudadanos a través de este Colegio, pero por lo regular los integrantes de ese colegio votan acorde al voto popular de su estado sin que sea una obligación de ley; de hecho la elección de George W. Bush en el 2000 fue la primera en 112 años que dio como ganador al candidato que obtuvo menos votos ciudadanos en una contienda muy cerrada que se terminó decidiendo en la Suprema Corte.
 
Así, el ganador se determina por el candidato que obtiene al menos 270 votos de un total de 538 que representa el Colegio electoral.
 
Dicho lo anterior se confirma lo sucedido en la elección de Bill Clinton, el número de votos es menos importante que dónde se ganaron estos votos, pues tradicionalmente los estados votan de acuerdo a su tradición demócrata o republicana, es decir también allá se da el voto duro. Sólo una minoría de estados votan a favor de uno u otro de manera indistinta.
 
Por tanto, es en éstos conocidos como ‘bisagra’ y en los estados más grandes es donde se pierde o se gana la elección. De los estados ‘bisagra’ hasta la primera semana de septiembre Trump aventajaba en las preferencias en Georgia, Iowa y Texas, mientras que Biden lo hacía en Arizona, Carolina del Norte, Florida, Minesota, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin entre otros.
 
Estos sondeos son los que tienen preocupado y ocupado al presidente Trump, pues en 2016 la mayoría de estos estados los ganó con un buen margen. Esta información explica por qué el presidente sustituyó a su director de campaña el pasado mes de julio.
 
Otro referente es que los votantes deben registrarse previamente para ejercer este derecho, a diferencia de nuestro país sin este requisito no pueden hacerlo. Aunado a ello se refleja una baja en el entusiasmo de los votantes por participar, al igual que en México y el resto del mundo el sistema político enfrenta una grave crisis de credibilidad y legitimación.
 
Estados Unidos también ha registrado en los últimos procesos bajas tasas de participación de entre el 50% y 60%. Por ejemplo, en 2008 aproximadamente el 64% de los ciudadanos se registraron y acudieron a votar; en 2016 el porcentaje cayó a 55%.
 
Con este contexto y el antecedente de acuerdos oficiales y no oficiales entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador en temas comerciales y de seguridad principalmente, no se puede perder de vista con todo y la crisis que enfrenta nuestro país, los efectos de una real posibilidad de no reelección del presidente Trump.
 
El vínculo que prevalece en la relación entre México y EEUU hace por demás fundamental seguir el proceso, pues la visión de gobierno en muchos temas, especialmente el migratorio y comercial tiene claras diferencias entre el demócrata y el republicano.
 
Pocos países en el mundo dependen tanto de lo que pasa en EEUU como México. Sin reelección se abren nuevas ventanas y oportunidades en la relación bilateral.
 
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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: Oportunidad rechazada

A como vienen las cosas en términos de avance en la democratización para el proceso electoral 2021, según los acuerdos tomados por el INE hasta hoy, es sin duda una oportunidad rechazada por el sistema toda vez que estuvo abierta la puerta de fortalecer las candidaturas independientes y no se hizo.

Es evidente la disyuntiva desde el poder sobre la conveniencia de fortalecer un sistema distinto al partidista, como en su momento el gobierno unipartidista del PRI tuvo dudas sobre permitir la creación de otros partidos políticos.

Desde la reforma a nivel constitucional del 2012 que dio paso a las candidaturas independientes hasta 2018, pasando por el boom mediático de 2015 y Pedro Kumamoto en Jalisco, para el 2021 nuevamente queda un sabor agridulce en la voluntad expresa de las autoridades electorales sobre el poder que la ley les otorga para dar este gran paso de una vez por todas. Y no se atreven.

Obviamente las reglas tendrían que cambiar de la A a la Z y es justamente lo que no está dispuesto el sistema partidista ya acomodado en su establishment.

Esta semana las autoridades electorales dieron a conocer la cantidad de financiamiento para las campañas próximas, evidenciando la vulnerabilidad de las candidaturas independientes y el poco interés en fortalecerlas.

Frente a más de mil 575 millones de pesos para campañas partidistas, a los independientes se les autorizó 31.5 millones de pesos.

El INE ha sido enfático en aclarar que ese instituto no determina tal financiamiento, sólo aplica la fórmula estipulada en la Constitución.

Total, que entre el sostenimiento para actividades ordinarias de los partidos políticos y los gastos de campaña suman más de 7 mil 226 millones de pesos que los mexicanos pagaremos el año entrante para elegir a 500 diputados federales; 15 gobernadores; 1,063 diputaciones locales y 1,926 Ayuntamientos y alcaldías.

Pero eso no es todo. Para la distribución de recursos en términos prácticos se considera al conjunto de todos los candidatos independientes como si fueran un nuevo partido político y el monto correspondiente se distribuye en tres partes de 33.33% cada una para los que se postulen a la Presidencia de la República, Senado y Diputados Federales. Cada uno de ese 33% se divide en partes iguales entre el número de contendientes a cada cargo.

¡Ah! Pero si para alguno de los cargos solamente se registró un candidato, no se le entrega el 33.33% correspondiente, sino sólo la mitad de ese porcentaje. Así está la ley.

Del tema de financiamiento privado mejor ni hablamos, las disposiciones están aún peor.

Pese a estas marcadas desventajas frente al sistema partidista, el interés de contender se elevó significativamente de 2015 a 2018, así como los puestos competidos sin duda alguna; pero en términos de resultados el porcentaje de éxito cayó de 3.7% a 2.5%.

En el 2015 los candidatos independientes fueron la novedad en el proceso electoral dado que por primera vez en la historia y en un contexto de descontento social hacia los partidos, los ciudadanos tuvieron la posibilidad de competir por sí solos bajo cuatro condiciones innegables: en clara desventaja financiera y de promoción; a ciegas y aprendiendo día a día; sin una estructura en tierra a diferencia de los partidos; y con un marco legal débil, poco claro y desfavorable.

Luego el 2018 pese al arrastre de la llamada ‘ola guinda’ y su candidato con 18 años en campaña y promoción diaria, prevalecía un descontento mayor hacia los partidos políticos, auspiciado en gran medida por el mismo candidato de Morena.

Pero millones de mexicanos tampoco veían en ese movimiento la opción distinta a los partidos ya existentes y se incrementó el interés en participar de manera independiente con respecto del 2015 pero enfrentaron el arrastre sin precedentes en la historia que representó Morena y no lograron la visibilidad suficiente entre la opinión pública.

Aun así, ganaron 18 alcaldías, pero perdieron absolutamente todos los cargos competidos en los congresos locales, federales y por supuesto la presidencia de la república.

Ni siquiera los candidatos independientes más populares y con reconocido arraigo en sus entidades lograron el triunfo, entre ellos Pedro Kumamoto de Jalisco y Manuel Clouthier de Sinaloa, quien a primera hora del 3 de Julio publicó en sus redes sociales:

Mi campaña y proyecto fue un fracaso rotundo”.

En fin, sólo el 1.9% de los votantes optó por los independientes, mientras que el 37% lo hizo por las alianzas distintas a Morena. En sí las candidaturas independientes es un capítulo escrito a medias aún y en imperiosa espera de ser perfeccionado.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: El anzuelo de AMLO

Diálogo

David Figueroa O.

El anzuelo de AMLO

Lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo fue lanzar el anzuelo a ver quién cae: “No hay para dónde hacerse” advirtió, “es tiempo de definiciones, o somos conservadores o somos liberales”. Sus palabras llevan un sólido objetivo y entre más polariza más gana.

Por eso, una vez más su discurso no es producto de la ocurrencia o la casualidad.

Descarta por anticipado que entre conservadores y liberales haya algo en común, coloca al país en agua y aceite que por ningún motivo se deben mezclar.

Radicalizar a la sociedad lo fortalece y por ello constantemente provoca, incita e induce a la división. Recordemos que ha desdeñado ideas y se ha confrontado con todo aquél que no piense igual a él: empresarios, mujeres, médicos, enfermeras, medio de comunicación, constructores, economistas, etcétera.

Su última advertencia intenta borrar de golpe, la diversidad ideológica que enriquece la democracia en México.

El Presidente lo hace a sabiendas que tiene a un sector de su lado, el que mantiene con programas populares a falta de una estrategia cultural y educativa que realmente eleve su nivel de vida y oportunidades; y al resto es importante ubicarlo de una vez por todas y que quede bien claro dónde están parados frente a él.

Y el contexto en el que finca su seguridad ciertamente le favorece por eso lo hace, pues no hay una oposición sólida y con rumbo.

Los gobernadores no han podido articularse como fuerza para hacerse escuchar. Figuras como Enrique Alfaro o Javier Corral están ahí, pero no han logrado convocatoria y tampoco firmeza suficiente.

A dos años del 2018 tampoco los partidos políticos se han podido levantar y aunque suene lamentable es la realidad. ¿Dónde están las voces del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano o bien del PAN? ¿Dónde están los rostros y la fuerza en la Cámara de Diputados y Senadores?

Más simple, ni los dirigentes nacionales de los partidos han logrado hacerse visibles con un discurso coherente, que haga posible una convocatoria. Los partidos están sumamente debilitados y desprestigiados, sin fuerza para generar ese equilibrio urgente.

Por otro lado, está la oposición ciudadana, genuina y convencida en la que el sector empresarial y del medio artístico han llevado la batuta de la crítica y la propuesta. Han sido los más visibles, ahí están siempre respondiendo.

Los artistas llamando a la conciencia social con una crítica seria; los empresarios llamando al diálogo y la responsabilidad conjunta, buscando incluso alternativas a nivel internacional y empujando a México contra viento y marea.

Y por último esta la oposición ‘antiamlo’, esas voces igualmente peligrosas y reaccionarias, fácilmente manipulables y muy apetecibles para un gobierno provocador que sólo espera que alguien pierda los estribos para tener motivos de mayor control.

Es la oposición que se suscribe a responder agresión con agresión brincando igualmente las barreras del respeto y que lo último que les interesa es la construcción de diálogo o el desarrollo del país. Una oposición basada en historias personales o ideologías radicales con el mismo afán de imponerse unos sobre otros.

Finalmente, al interior del grupo que gobierna, en cuanto a equilibrios pudieran rescatarse casos específicos como el de Marcelo Ebrad, Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo, que por supuesto no son suficientes.

Sobre todo, tomando en cuenta que siempre, pero más cuando se tiene todo el poder, los seres humanos escuchamos sólo aquello que queremos escuchar y lo que nos conviene. Desde el poder hay una certeza inexplicable que nos asegura estar del lado correcto de la historia. Quienes critican están todos mal, pero quien ostenta el poder jamás.

La advertencia del Presidente fue pues clara y directa: “no hay para dónde hacerse”, o estamos de su lado o no; es este el momento que nos exige como país, saber qué clase de México queremos. cuál es el futuro que esperamos y definir las acciones del presente.

En algo tiene razón el titular del Ejecutivo, no es tiempo de titubeos porque él no ha perdido ni un día en avanzar a donde se ha propuesto llegar y tampoco lo viene haciendo solo, episodios de la historia reciente y del presente mismo a nivel internacional lo demuestran.

El anzuelo ha sido lanzado, falta ver si México está listo para pescar o ser pescado. Las opciones es caer en esa red de división que fortalece a un grupo ideológico-político; o bien provocar la unidad nacional con estrategia, orden y propuesta para brincar con éxito el 2024 como país.

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Diálogo; México y sus circunstancias: EU Vs China

Diálogo

David Figueroa O.

México y sus circunstancias: EU Vs China

México se coloca en una situación muy incómoda tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la relación de EU con China y nuevas medidas comerciales. En medio de la pandemia que azota al mundo y la recesión económica que ya arrastraba nuestro país, vienen tiempos difíciles por sortear a nivel internacional.

Lo anterior sin contar la presión que nuestros vecinos del norte podrían comenzar a ejercer en varios sentidos no sólo ante su propia crisis interna por la pandemia y diferencias profundas con el país asiático, sino porque en las últimas horas le está estallando otra crisis: la social.

Ante el anuncio del fin de semana Pekin fue el primero en responder y advertir de un contra-ataque ante las nuevas restricciones comerciales anunciadas por Trump.

El conflicto internacional no se puede entender sin el antecedente de la economía China y su evolución. Este país ha crecido en una forma exponencial e imparable especialmente de los 90’s a la fecha colocándose como el principal competidor para EU y hoy sin duda es una amenaza, desde hace tiempo lo ha sido pero hoy más que nunca.

Desde hace años los analistas pronostican que en unos años más China podría desbancar a Estados Unidos basados en el comportamiento y ritmo en que su economía crece. De hecho en 2018 China lo superó en la Paridad de Poder de Compra (PPC) por casi 5 mil millones de dólares.

La principal fortaleza de la economía China se basa en su nivel de exportación al mundo entero; a quién no le vende China y quién no le debe a China como dicen los especialistas.

Esta vez Donald Trump anunció nuevas medidas en su relación con China “para proteger la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos”, acusando a ese país de malas conductas como robo de propiedad intelectual, arrebato de empleos y oportunidades para los estadounidenses así como violación a los compromisos con la Organización Mundial de Comercio, entre otros.

El Presidente estadounidense acusa además a China de causar la terrible crisis económica y de salud mundial por haber ocultado información ante el brote inicial de Covid-19 con la complacencia de la OMS y la decisión de no tomar en cuenta las primeras alertas.

Estas acusaciones resuenan en un contexto donde no podemos perder de vista dos situaciones:

Uno, sus palabras y su presencia resuenan cuando está urgido de llamar a su base electoral y hacerla sentir que EU no perderá su liderazgo y grandeza, con ese discurso supremacista que tanto daño le ha hecho como sociedad.

Dos, justo desde hace días y especialmente las últimas horas sus principales ciudades y calles arden en llamas por este tipo de discursos que provoca excesos entre sus habitantes, autoridades y arraiga la cultura del odio y las diferencias raciales. El descontrol social es tal que inusualmente el Presidente tuvo que resguardarse en un búnker de la Casa Blanca el fin de semana para salvaguardar su seguridad.

Electoralmente es el momento y el lugar oportuno para generar simpatías en torno a la salvación de esa gran nación, como en su momento fue el discurso antiinmigrante contra latinos y mexicanos, pero sucede en medio de importantes presiones: pandemia, economía, seguridad, racismo e incontrolables manifestaciones.

La reacción del Presidente Trump está a la vista y conforme pasan las horas cada vez con mayor claridad y determinación. Además del anuncio sobre su relación con China, un despliegue de soldados en Washington y varias ciudades, así como el enérgico llamado a los gobernadores para actuar de inmediato y parar las manifestaciones a como dé lugar.

Las consecuencias de ambos conflictos en EU pueden repercutir en nuestro país y más que estar atentos se debe comenzar a pensar en la reacción. ¡El mensaje de frustración de Donald Trump a los gobernadores dice mucho y que el gigante se sienta vulnerable…Dice más!

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Intentos de control; ya no son ocurrencias

Diálogo

Intentos de control; ya no son ocurrencias

 

La propuesta de Morena para que INEGI entre a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos ya no se puede tomar como una loca ocurrencia del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los antecedentes de intentos y algunas iniciativas ya concretadas como el decreto de la semana pasada a través del cual las Fuerzas Armadas hoy tienen facultades de policía judicial y ministerial, van en conjunto claramente dirigidas al control de la nación y sus habitantes. Es preocupante ver cómo vez tras vez estos intentos son más continuos, tanto que ya no dejan lugar a dudas sobre la verdadera intención.

La gobernabilidad sustentada en el control de la información pública y privada de cada persona es propio de gobiernos dictatoriales, aunque este término moleste; por el contrario la gobernabilidad basada en el orden jurídico que otorga un Estado de Derecho corresponde a gobiernos democráticos.

Llegó el momento de preguntarnos qué tipo de gobierno tenemos en México y cómo fue electo.

Dando su lugar al hoy gobierno electo democráticamente, si la cuestión es una estrategia de izquierda totalmente distinta que implica “la construcción de un nuevo estado” en “una nueva normalidad” para alcanzar “un estado de bienestar”, no hay posibilidad alguna de lograr ese objetivo sin el respeto al Estado de Derecho.

La “nueva normalidad” no puede ser lo que hasta hoy estamos atestiguando: ignorancia de la ley, reformas y decretos que contravienen las libertades y la democracia.

¿En principio dónde queda la autonomía del INEGI? Éste fue creado como un órgano de autonomía técnica de gestión estadística y geográfica que guarda el estatus económico, social, educativo y de salud del país; sin conceptos subjetivos o criterios políticos, que solo arroja información estrictamente contable y contundente de la vida diaria de los mexicanos.

No es la primera vez que el gobierno de López Obrador intenta afectar la autonomía de este órgano, pues en enero de 2019 con el anuncio de un agresivo recorte presupuestal al INEGI e INE logró que voces ciudadanas e independientes como Coparmex entre muchas otras encendieran focos rojos advirtiendo una “amenaza latente de una regresión en la democracia”, pues limitarle recursos es limitar su capacidad, para que cumpla con su función de contar y medir los avances en el desarrollo del país.

Tampoco es uno ni dos, son varios los intentos similares en este año y medio de gobierno de la actual administración federal encaminados al control omnipotente presidencialista de antaño y la vulnerabilidad de instituciones, por ejemplo:

El ‘borrador’ de reformas en materia de justicia (que no llegaron a presentarse gracias a que se filtró a la opinión pública) que pretendían revivir los delitos de calumnia y difamación en un evidente intento por coartar la libertad de expresión en redes sociales y medios de comunicación.

La propuesta de la diputada Lorenia Valles para permitir que sólo los coordinadores de bancada y tres legisladores más que conforman las Juntas de Coordinación Política tomen decisiones a nombre de la Cámara de Diputados en pleno ‘en casos de emergencia’.

La iniciativa del mismo Presidente Andrés Manuel que lo facultaría para reorientar el gasto público so pretexto de hacer frente a la crisis por la pandemia, quitando facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para dárselas a la SHCP.

La última y unánime respuesta de la oposición fue que ninguna situación extraordinaria justifica la iniciativa del Presidente para otorgarle súper-poderes a través de la SHCP para decidir a discreción el gasto público.

El Estado de Bienestar no se logrará sino a través del respeto al Estado de Derecho. El bien común sólo es posible en un marco de justicia para todos sin que los derechos de unos afecten a otros. Un gobierno que triunfó gracias a las garantías de libertad que otorga la democracia, no podrá mantener su legitimidad en la opresión o desaparición de estas garantías.

El Presidente y su partido deben de una vez entender que por más que intenten este tipo de iniciativas de sobre concentración de poder, México se resiste a ser Venezuela! Nuestra nación tiene una sociedad pujante y dinámica, pero sobre todo hoy más que nunca, informada y actuante.

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Fuerzas armadas a seguridad pública

Diálogo

David Figueroa O.

Fuerzas armadas a seguridad pública

A partir de este martes 12 de mayo las Fuerzas Armadas en México están en las calles efectuando labores de investigación; operaciones encubiertas; detención de personas y aseguramiento de bienes, entre otras labores de tipo judicial y preventivas por decreto y mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar la implementación de la Guardia Nacional.

Dichas facultades están de inicio sujetas a un tiempo determinado hasta el 27 de marzo de 2024 con el agregado de que el resultado de entrevistas; documentación; material escrito, verbal o audiovisual quedará registrado y por ley formará parte del Sistema Nacional de Información.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 11 de mayo “Se ordena a la Fuerza Amada Permanente a participar de manera extraordinaria, fiscalizada subordinada y complementaria a la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública”. Ojo: Subordinada a la Guardia Nacional, una creación que ni en la misma ley que la creó establece con claridad qué es ni cuál es su estructura. Hoy ya tiene estructura y es militar.

Las facultades que la nueva ley aprobada el 2019 otorga son claras y contradictorias al espíritu de un sistema democrático basado en los poderes Ejecutivo, Representativo y Judicial, interviene específicamente en este último, pero es la nueva estrategia del Presidente y deberemos permanecer expectantes y observantes a los resultados antes de establecer juicios.

Siendo el primer año del gobierno de López Obrador el más violento en la historia de México a niveles que ni la pandemia de Covid-19 este 2020 ha logrado reducir, el Presidente que prometió sacar al ejército de las calles da un giro de 90 grados para implementar una estrategia totalmente contraria a la expuesta en campaña.

Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, el Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo” repitió en innumerables ocasiones como eje central de su estrategia para ganar las elecciones, criticando y confrontando la actuación del ejército en la lucha contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón y continúo Enrique Peña Nieto.

Cero y van dos los candidatos al hilo que una vez ganando la Presidencia se tragan sus palabras y emprenden la misma estrategia que antes criticaron agresivamente, pero en este caso recargada y amparada hasta en reformas constitucionales, oficializando así tareas de seguridad pública el Ejército en las calles, desde preventivas, de investigación hasta judiciales en operaciones conjuntas con Ministerios Públicos y jueces.

La seguridad nacional sigue siendo sin duda un proyecto por realizar en México, es de hecho un proyecto inacabable en términos realistas cuyo desarrollo y experimentos a lo largo de la historia han marcado sexenio tras sexenio. Este es el nuevo capítulo que sin duda da un cambio radical a lo vivido al menos por las tres últimas generaciones en nuestro país.

Se percibe una especie extraña entre la “judicialización de las Fuerzas Armadas” o la “militarización de la justicia”. La Ley que creó la Guardia Nacional y cuyas acciones concretarán las Fuerzas Armadas a nivel nacional, refleja ambigüedad tanto conceptual como en funciones y facultades.

La Ley establece que la Guardia Nacional es un servicio profesional de carrera; en otro párrafo la refiere como una institución de seguridad pública; en otro como un órgano administrativo de la Secretaría de Seguridad y luego para rematar dice que entre sus facultades está fungir como una policía procesal. Son conceptos textuales de dicha ley fuera de toda interpretación personal. No se requiere ser experto para entender que cada término tiene implicaciones muy distintas en la práctica. De este tamaño la confusión.

A razón de estas ambigüedades no sólo en lo que se refiere al nombre sino a facultades, funciones y estructura, la oposición ha denunciado lo que interpreta como intenciones del Presidente de militarizar al país, acusaciones que López Obrador ha rechazado con contundencia asegurando que este nuevo ente de seguridad sería integrado por civiles y no por militares.

Lo primero que sucedió es que desapareció a la Policía Federal y lo que hemos visto hasta ahora en la calle son expolicías federales ingresados sin opción a esta guardia vestidos todos de militares.

En pocas palabras más allá de conceptos, la Guardia Nacional ahora ‘complementada’ por las Fuerzas Armadas es una especie de ¿Policía Judicial del Presidente? pues incluso está dotada de facultades para determinar infracciones y sanciones.

Las tareas que llevarán a cabo las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país son un vuelco en la historia de México en lo que a estrategia de seguridad se refiere. Si la del expresidente Felipe Calderón fue calificada de agresiva, ésta lo es exponencialmente.

Especialmente porque la mayor debilidad institucional de nuestro país es su sistema de justicia, tan débil como discrecional sin garantías de imparcialidad. Nuestro sistema de justicia no está preparado para garantizar la correcta actuación de las Fuerzas Armadas. La realidad no reciente sino actual es muestra cómo la justicia en México es utilizada para represalias políticas o personales desde el poder.

Bajo esta premisa sólo el hecho de que todo lo que se diga o manifieste quedará registrado y será parte del Sistema Nacional de Información, además de que las ‘colaboraciones’ con la autoridad ya no son voluntarias, implica una vulnerabilidad nunca vista y una amenaza para la democracia.

Una estrategia como la que implementará el Presidente a través de las Fuerzas Armadas amparado en la Guardia Nacional, se convierte por lo menos en un foco rojo que advierte un sistema de control basado en el temor y que remite a un pasado que México había dejado atrás.

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