A semana y media de los comicios electorales en nuestro estado, vemos con preocupación cómo las filtraciones telefónicas hoy en día han pasado a ser algo cotidiano en el entorno político, generando un daño que traspasa el proceso del 7 de junio.
Como ciudadanos no supimos en qué momento una competencia electoral se convirtió en una cacería; y con toda claridad hay que decir que esto ha sucedido sin distingo de colores, pues es algo de moda en todo el país.
Así funcionarios federales, estatales, personajes de la iniciativa privada, candidatos y familiares han sido involucrados por igual en escándalos, siendo intervenidas sus conversaciones tanto de trabajo como personales.
El electorado: cada vez más incrédulo, confundido y decepcionado. Si bien es cierto que el voto vale en México y cuenta en el resultado, también cuenta el árbitro y la conducta de los jugadores, es aquí donde estamos en verdaderos problemas.
Estamos ante un modelo electoral que se desnuda en un entorno donde la corrupción campea a sus anchas y por si fuera poco, ya no basta la denuncia pública en medios tradicionales, ahora se viraliza en redes sociales con una velocidad que rebasa a cualquier autoridad.
Estamos ante un escenario donde se nos ha salido de las manos este fenómeno.
¿Qué pasa con el tema de la legalidad; quién pone orden? Hasta dónde hay facultad y capacidad y de quién para frenar este acoso, esta cacería?
Hay que dejar claro que la transparencia aunque duela es positiva siempre; nada más que como en todo, necesitamos un orden que dé certeza, confianza y que no afecte la tranquilidad y la paz social.
La utilización de estos mecanismos al margen de la legalidad, vulneran un orden social, un estado de cosas e instituciones como el mismo Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar fuera de su alcance la regulación de estas filtraciones.
El no aprecio a un orden legal invita al quebranto de disposiciones, y más con la capacidad de difusión que nos ofrecen hoy las redes sociales, es una tentación constante, permanente a la que ningún partido o gobierno se ha podido resistir hasta este momento.
Lo más lamentable es el daño que se genera. Las filtraciones telefónicas al margen del Estado de Derecho, atentan contra la paz social, la tranquilidad, la privacidad y el desarrollo armónico de una sociedad.
Como país hemos evolucionado; las redes sociales, la libertad de prensa, la libertad de expresión han jugado un papel importante en mayor transparencia, pero falta poner orden para no trastocar la paz. Todo en un marco de legalidad y respeto.
Tampoco sería sano judicializar el proceso electoral, a nadie nos conviene, por eso es mejor prevenir estas situaciones buscando los medios, el ordenamiento legal y la autoridad para hacerlo valer.
Como dice el proverbio: el poder y la riqueza no es buena ni es mala en sí, sino depende del uso que se le dé.
Hay un riesgo real de sembrar temor en el ciudadano común, que nada tiene qué ver con política y que se puede sentir vigilado, violando su elemental derecho a la privacidad.
Este tipo de prácticas frenen el desarrollo de nuestro estado por la falta de confianza que genera entre sus habitantes; ojalá reflexionemos más allá del 7 de junio sobre lo que nos están dejando las filtraciones telefónicas para poner orden a lo que nos daña como sociedad.
Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.
Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.
