06282022Mar
Last updateJue, 09 Jun 2022 7pm

Diálogo: El socavón y la falta de consecuencias

El socavón de la falta de prevención, de capacidad, de protocolos, de estrategia, de coordinación aunados a la impunidad y nula consecuencia hacia los gobernantes y servidores públicos que no cumplen su función, deja una estela de tragedia, inseguridad e incertidumbre en la percepción ciudadana.

Tanto en el tema de la penosa actuación del Gobierno Federal en Culiacán como en el caso de la lamentable pérdida de una vida en Hermosillo por un socavón, cabe la misma reflexión: políticos que sueñan en campaña e imploran el voto del ciudadano, festinan el triunfo como si se les fuera la vida en ello y siguen soñando en funciones, no despiertan ni cuando se van.

Así llevamos décadas probando y desechando, ni la transición democrática nos ha salvado de la tragedia porque no establecemos protocolos, medidas establecidas para situaciones en crisis, obligaciones a cumplir por todos llegue quien llegue. La eficiencia antes que la política de ideologías.

Esta vez Julio Manuel Rodríguez Castro no regresó con su familia en Hermosillo el pasado lunes 14 de octubre, y no regresará más porque cuando transitaba en su bicicleta por una calle de la ciudad cayó en un hoyo del que no pudo salir.

El cuerpo de Julio Manuel fue encontrado una semana después, aún cuando hubo testigos oculares de su caída, hubo quién atestiguó escuchar su voz pidiendo ayuda; se dio aviso a través de las redes sociales (hoy por hoy el primer y más inmediato medio de comunicación en tiempo real) y ninguna autoridad acudió.

Incluso la misma alcaldesa Célida López llegó a descartarlo y minimizarlo: no tenemos ninguna información al respecto, nadie nos ha denunciado desaparición alguna por un bache.

Peor aún, se había consignado el peligro de ese bache semanas atrás también en redes sociales y el Ayuntamiento respondió que se atendía la denuncia, pero a la parsimonia de la burocracia, le ganó la tragedia.

Es el momento de la oportunidad para mejorar, lamentablemente a costa de una vida más: vivimos en la era de las redes sociales, es la comunicación instantánea; Los gobiernos no pueden ignorarlas ni tratarlas sin el debido respeto. Al menos para escuchar, para darse una idea de lo que sucede.

El ciudadano está hablando siempre, las 24 horas del día. Se queja, denuncia, anuncia, señala, avisa, previene, ¡¡pide ayuda!!

Pero es Hermosillo y son muchos baches, ni modo de atenderlos todos, por eso a veces a la alcaldesa Célida López le dan ganas de llorar, porque no puede. Pero es su responsabilidad. Eso dice la ley, la misma ley de cuando dijo que quería gobernar. La ley es clara y la incapacidad se sanciona.

No se esperan medidas superiores a la capacidad humana, pero sí justo eso, reaccionar humanamente; con sensibilidad y seriedad. Con un sistema y protocolos adecuados para valorar cada denuncia a tiempo. Un protocolo que hoy nos queda claro que no existe.

Si el Ayuntamiento hubiera reaccionado ante la denuncia del bache semanas atrás ni Julio ni nadie habría caído; si hubieran tomado con la responsabilidad que la ley mandata cuando se avisó de la caída, quizá Julio habría sido rescatado a tiempo esa misma tarde hace una semana. No tenían qué esperar un día o dos a que los familiares lo extrañaran y acudieran a interponer una denuncia.

Sin saber de quién se trataba hubiera sido más fácil que una patrulla se diera la vuelta por el lugar que ciudadanos señalaban con absoluta precisión en redes para confirmar el hecho o descartarlo. Habrían visto ahí su bicicleta para al menos dar el beneficio de la duda. Es decir, no fue mala suerte que Julio cayera pues.

El hubiera no existe y siempre lamentaremos esto que no debió suceder, sobre todo su familia. Pero la oportunidad está por delante, a la vista de todos.

Esperamos que haya consecuencias porque no fue por ignorancia que esta vida se perdió; se debe investigar y sancionar a los responsables. Por lo pronto hay uno y es el Ayuntamiento de Hermosillo; por falta de prevención y por omisión de atención cuando muy probablemente Julio aún estaba con vida.

Finalmente, es Inadmisible que debamos imaginar consecuencias mayores para justificar la incapacidad de nuestros gobernantes y funcionarios.

No se juzga lo inevitable, sin lo evitable. Como bien consignó un usuario en redes: “las vidas no se salvan el día de la operación, sino el día de la planeación”, y ese día no existió ni en el caso de Culiacán, ni en el caso del socavón en Hermosillo.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.


Diálogo: ¿Poder hasta dónde? Baja California bajo la lupa

¿Qué tan amplio es el poder de los diputados, cuándo y cómo para reducir o ampliar el período de los gobernadores so pretexto de empatar elecciones locales con las elecciones federales? ¿Cuál es el límite de nuestra constitución y los principios democráticos contenidos en ella?

Modificar las leyes según el lugar, momento y sus protagonistas, algo que se está poniendo de moda, contraviene altamente el equilibrio de poderes

La semana pasada en este mismo espacio comentamos sobre la posibilidad de estar fraguando condiciones de nula oposición y equilibrios al gobierno federal desde la SCJN a raíz de la sospechosa renuncia del ministro Eduardo Medina Mora; ahora lamentablemente estamos ante al primer caso que tal supuesto enfrentaría.

Este fin de semana se llevó a cabo en Baja California una consulta popular para ampliar el período de gobierno de Jaime Bonilla Valdez de 2 a 5 años -quien tomará protesta el próximo 1ro de noviembre- en un intento por legitimar la voluntad del Congreso local de mayoría morenista que asumió el cargo hace apenas dos meses.

Más allá del porcentaje de participación y de los problemas durante la jornada, todo parece indicar que quienes votaron decidieron apoyar la ampliación del período hasta 2024, pasando por alto la decisión de quienes votaron el 2 de junio por un gobernador por dos años.

El peligroso camino del absolutismo político, en el que una aplastante mayoría establecida democráticamente, puede distorsionarse en un poder único.

Lo que se viene en consecuencia es que el asunto se deberá dirimir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la historia:

La reforma original a la ley local de 2014 mediante el decreto 112, establece que el período de gobierno será del 1ro de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, con el fin de empatar las elecciones locales con las federales.

El pasado 08 de julio y escaso un mes de que Morena obtuvo la victoria en Baja California, tanto de la gubernatura como mayoría en el Congreso local, un diputado de ese mismo partido presentó una iniciativa para ampliar el período del gobernador electo, sin acatar la decisión judicial del TEPJD que tres días antes de la jornada electoral del 2 de junio, avaló ‘de forma irrevocable’ el período de 2 años y desechó por segunda ocasión la ampliación a 5 y 6 años solicitada en diversos recursos anteriores.

Los Congresos estatales pueden modificar el período de duración de sus gobiernos para hacer coincidir la elección local con la federal, pero dentro de los límites que la misma constitución establece en el artículo 40; e incluso hay antecedentes como la resolución de inconstitucionalidad 13/2015 de la Suprema Corte:

Para el caso de los Estados que decidan extender o acortar los mandatos de los gobernantes locales, deben hacerlo como previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, es decir, aplicando tales ajustes para las próximas elecciones, más no para quienes ocupen actualmente esos cargos”.

La determinación del tiempo del mandato debe fijarse previo a la elección para que el ciudadano conozca para qué cargos y por cuánto tiempo elegirá a sus representantes. Son principios democráticos contenidos en la constitución.

Es un error que costará muy caro de seguir por este camino del absolutismo falsamente sustentado en una mayoría electa. Privilegiar el debate que muestre el contraste de ideas, posicionamientos, motivos, prejuicios y beneficios entre mayorías y minorías es el espíritu de la democracia, respetando la voluntad del voto ciudadano.

Pero sobre todo respetando la Constitución cuya letra hoy en día se percibe peligrosamente difuminada en la práctica ante este tipo de acontecimientos. Si los diputados tienen el poder de asumir o no la ley según el momento, a conveniencia de sus grupos políticos y sin consecuencias sólo por ser mayoría o una minoría que sabe negociar sus intereses, la democracia en México se irá borrando poco a poco.

Urge abrir los ojos ante esta amenazante realidad que no por ignorar o desconocer, deja de existir.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo:Ley 4 ¿Motor de cambio o cuota de poder?

La Universidad de Sonora representa un motor de cambio social más allá de intereses políticos o económicos, como forjadora de agentes y productora de conocimiento a través de la investigación; especialmente en un contexto donde la desigualdad se acrecienta -pese a los adelantos del siglo XXI- auspiciada por la impunidad, la corrupción y el escaso respeto al Estado de Derecho.

Por eso la posible reforma a la Ley 4 no debe tomarse a la ligera. Requiere de un compromiso personal y profundo de cada uno de los diputados y diputadas, así como de los entes que intervendrán en esta reflexión.

En medio de una crisis financiera con subsidios embargados, sin recursos para el pago de salarios, sin energía eléctrica ni líneas telefónicas y bajo la amenaza de dejar de recibir más subsidios del gobierno; además de un clima de inestabilidad entre marchas, protestas y exigencias de respeto a la autonomía universitaria, en 1991 se dio paso a la Ley 4.

Con esta nueva Ley inició un nuevo período para la Universidad de Sonora que modificó en forma y fondo las funciones, organización académica, órganos internos, elección de autoridades, etcétera.

El principal argumento en ese entonces fue colocar la universidad por encima de intereses políticos y económicos a través de procesos internos que equilibraran núcleos de poder absolutos, dando paso a agentes externos a través de la Junta Universitaria para intervenir en decisiones internas aludiendo la necesidad de incorporar a la sociedad civil en el destino de la máxima casa de estudios.

Así se eliminó, por ejemplo, la elección de órganos de gobierno universitarios a través del voto secreto, directo y universal de maestros, trabajadores y estudiantes entre otros temas primordiales, que hoy están siendo retomados por quienes impulsan una nueva revisión de esta Ley.

Recordemos que la Unison es un ente público con total independencia y personalidad jurídica, es decir regula sus propios estatutos, normas, reglamentos, y tiene total libertad para administrar sus bienes y recursos.

¿Qué se percibe sobre lo que está sucediendo? Que personas o grupos con alguna participación directa o indirecta en la vida universitaria que siempre estuvieron en contra de esta Ley 4 y que se sintieron ‘intervenidos’ por el Estado, hoy ven las condiciones políticas para retomar el tema e intentar una nueva modificación, específicamente simpatizantes o colaboradores del actual partido en el gobierno a nivel nacional.

El Congreso de Sonora debe aprovechar esta iniciativa para generar una consulta (tipo parlamento abierto) con académicos, alumnos, trabajadores e incluso ciudadanos, toda crisis representa una oportunidad para mejorar.

Sería un error circunscribirse la discusión sólo en el mecanismo de elección del nuevo rector.

Ahora bien, las principales y más reconocidas universidades del mundo, entre ellas la UNAM, siguen el mecanismo de la Junta Universitaria o bien Junta de Gobierno para elegir a sus rectores.

El mecanismo que la iniciativa propone de volver al voto universal y secreto de la población universitaria no necesariamente garantiza equilibrios, y el gran riesgo es que llevarían los vicios de la política local o nacional, incluso del mismo Congreso a la universidad, secuestrando entonces sí su autonomía -como ha sucedido en otros estados con extremos de sucesos. La Unison no tiene dicha problemática y no tiene por qué tenerla-.

Sin dejar de lado que siendo así, las universidades debieran votar por los mejores y no por los más populares o con mayor apoyo económico o político.

Ante este panorama las preguntas que nos debemos plantear son las siguientes:

Qué método asegura mayor calidad académica para la Unison

Y qué método asegura mayor gobernabilidad y estabilidad

Pareciera pues que las voces que exigen democratización de los procesos de selección de las autoridades universitarias sólo se están enfocando en los temas de gobernabilidad, al menos así se ha ventilado mediáticamente, y no en garantizar o mantener la calidad académica.

Tampoco debemos como sonorenses dejar de reconocer los evidentes avances en materia de administración, competitividad, equipamiento e infraestructura reflejados en los períodos al menos de los últimos tres rectores desde Jorge Luis Ibarra hasta Heriberto Grijalva, antes del actual. Hay un esfuerzo constante ahí con todo y la problemática de los conflictos sindicales, mayor transparencia y demás.

Bajo la lógica de que todo es perfectible, este momento es una gran oportunidad para mejorar la Ley 4, pensando en el beneficio académico de sus estudiantes que son el motor de cambio para Sonora y no como una cuota más de poder.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: Paquete económico 2020.

Ya vimos cómo el crecimiento cero en la economía mexicana en lo que va del 2019 ha golpeado duro en el tema de inversión y desarrollo, pero el reloj no se detiene y con esas bases hay que mirar al 2020.

No hay mucho tiempo para lamentos y este fin de semana el gobierno federal entregó su propuesta de paquete económico para el próximo año, con algunos indicadores extremos en el tema de recortes e incrementos presupuestales en Secretarías.

De los 6.1 billones de pesos en total que contempla el proyecto, Arturo Herrera, titular de la SHCP asegura que el gasto va enfocado a programas sociales para reducir la desigualdad en México y fortalecer la austeridad republicana, que ya quisiéramos muchos poder traducir este concepto en términos de desarrollo.

De hecho, el proyecto no muestra énfasis en los factores que estimulen el crecimiento económico, dicha responsabilidad queda entonces en manos de los diputados federales que deberán aprobar el paquete a más tardar el 15 de noviembre.

Lo bueno, mantiene un equilibrio fiscal y una visión responsable sobre la deuda pública.

Lo malo, demasiado optimismo referente al crecimiento económico planteado de entre el 1.5% al 2.5%, cuando en este año no creceremos más del 0.4%. Sin contar la desaceleración de la economía norteamericana que se estima sólo crezca el 1.8%.

El optimismo también se refleja en la producción petrolera que contempla 1.95 millones de barriles diarios, tomando en cuenta que hoy en día estamos produciendo 1.6 millones de barriles al día.

Lo feo, que la realidad sea distinta a lo planteado y se tengan que hacer nuevamente ajustes significativos a su política económica, como ya pasó con el presupuesto de este 2019.

En pesos y centavos destaca la Secretaría de Energía con el mayor incremento presupuestal de 27 a 29 mil millones de pesos; le sigue la Secretaría de la Función Pública y en tercer lugar la Secretaría de Bienestar.

A seguridad van 59 mil 150 millones de pesos, pero paradójicamente tomando en cuenta el proyecto de consolidar la guardia nacional, se reduce en más del 3% el presupuesto a Sedena y se incrementa 1% a la Secretaría de Marina.

En contraste la mayor reducción se presenta en la Secretaría de Gobernación de 61 mil millones a 6 mil millones de pesos; le siguen la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Desarrollo Agrario.

Y seguimos tapando hoyos: Pemex recibirá una inyección directa de 46 mil millones de pesos a capitalización y 40 mil millones de pesos condonados de impuestos para enfrentar la caída de producción.

Sembrando Vida aumenta más del doble de 10.1 a 25.1 mil millones de pesos; y el de Pensión para personas con discapacidad de 3.4 a 11.9 mil millones de pesos, entre otros; medida que no saca de la pobreza a estos sectores, pero eso sí mantendrá la popularidad del presidente.

Y en cuanto a deuda se proyecta contratar el próximo año, 637 mil millones de pesos: 532 mil millones por el gobierno federal y 105 en deuda externa por el sector público.

Se incrementan impuestos al tabaco de 0.35 a 0.49 por cigarro; en refrescos o bebidas saborizadas de 1.17 a 1.27 por litro; y tasar el IVA a servicios digitales como Uber, DiDi, Netflix, Spotify, Rappi o Airbnb, entre otros.

El IVA sobre servicios digitales internacionales como Facebook, Twitter o Netflix, se concretará hasta 2021, pues primero deberán esperar el acuerdo internacional. Pero servicios nacionales como Apps de transporte va para adelante.

Esto es en resumidas cuentas lo que propone el gobierno para 2020; por lo pronto esa promesa de ‘no más impuestos’ se queda de nuevo en el aire.

Por cierto, el Secretario de Hacienda dio a conocer que para Sonora se ha acordado con la Gobernadora Claudia Pavlovich la construcción de un nuevo hospital como parte del programa de un megaproyecto por entidad; no dudamos que traiga beneficios, pero lo que sí urge es dar mantenimiento a los que ya tenemos.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

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Diálogo: Paquete económico 2020.

Ya vimos cómo el crecimiento cero en la economía mexicana en lo que va del 2019 ha golpeado duro en el tema de inversión y desarrollo, pero el reloj no se detiene y con esas bases hay que mirar al 2020.

No hay mucho tiempo para lamentos y este fin de semana el gobierno federal entregó su propuesta de paquete económico para el próximo año, con algunos indicadores extremos en el tema de recortes e incrementos presupuestales en Secretarías.

De los 6.1 billones de pesos en total que contempla el proyecto, Arturo Herrera, titular de la SHCP asegura que el gasto va enfocado a programas sociales para reducir la desigualdad en México y fortalecer la austeridad republicana, que ya quisiéramos muchos poder traducir este concepto en términos de desarrollo.

De hecho, el proyecto no muestra énfasis en los factores que estimulen el crecimiento económico, dicha responsabilidad queda entonces en manos de los diputados federales que deberán aprobar el paquete a más tardar el 15 de noviembre.

Lo bueno, mantiene un equilibrio fiscal y una visión responsable sobre la deuda pública.

Lo malo, demasiado optimismo referente al crecimiento económico planteado de entre el 1.5% al 2.5%, cuando en este año no creceremos más del 0.4%. Sin contar la desaceleración de la economía norteamericana que se estima sólo crezca el 1.8%.

El optimismo también se refleja en la producción petrolera que contempla 1.95 millones de barriles diarios, tomando en cuenta que hoy en día estamos produciendo 1.6 millones de barriles al día.

Lo feo, que la realidad sea distinta a lo planteado y se tengan que hacer nuevamente ajustes significativos a su política económica, como ya pasó con el presupuesto de este 2019.

En pesos y centavos destaca la Secretaría de Energía con el mayor incremento presupuestal de 27 a 29 mil millones de pesos; le sigue la Secretaría de la Función Pública y en tercer lugar la Secretaría de Bienestar.

A seguridad van 59 mil 150 millones de pesos, pero paradójicamente tomando en cuenta el proyecto de consolidar la guardia nacional, se reduce en más del 3% el presupuesto a Sedena y se incrementa 1% a la Secretaría de Marina.

En contraste la mayor reducción se presenta en la Secretaría de Gobernación de 61 mil millones a 6 mil millones de pesos; le siguen la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Desarrollo Agrario.

Y seguimos tapando hoyos: Pemex recibirá una inyección directa de 46 mil millones de pesos a capitalización y 40 mil millones de pesos condonados de impuestos para enfrentar la caída de producción.

Sembrando Vida aumenta más del doble de 10.1 a 25.1 mil millones de pesos; y el de Pensión para personas con discapacidad de 3.4 a 11.9 mil millones de pesos, entre otros; medida que no saca de la pobreza a estos sectores, pero eso sí mantendrá la popularidad del presidente.

Y en cuanto a deuda se proyecta contratar el próximo año, 637 mil millones de pesos: 532 mil millones por el gobierno federal y 105 en deuda externa por el sector público.

Se incrementan impuestos al tabaco de 0.35 a 0.49 por cigarro; en refrescos o bebidas saborizadas de 1.17 a 1.27 por litro; y tasar el IVA a servicios digitales como Uber, DiDi, Netflix, Spotify, Rappi o Airbnb, entre otros.

El IVA sobre servicios digitales internacionales como Facebook, Twitter o Netflix, se concretará hasta 2021, pues primero deberán esperar el acuerdo internacional. Pero servicios nacionales como Apps de transporte va para adelante.

Esto es en resumidas cuentas lo que propone el gobierno para 2020; por lo pronto esa promesa de ‘no más impuestos’ se queda de nuevo en el aire.

Por cierto, el Secretario de Hacienda dio a conocer que para Sonora se ha acordado con la Gobernadora Claudia Pavlovich la construcción de un nuevo hospital como parte del programa de un megaproyecto por entidad; no dudamos que traiga beneficios, pero lo que sí urge es dar mantenimiento a los que ya tenemos.

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Diálogo: Primer informe y la estrategia presidencial

Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe con un sólido respaldo popular que descansa en una natural aptitud para comunicar y una buena estrategia en este renglón, pero sin claridad en otros fundamentales como: economía, seguridad, transparencia y estado de Derecho.

De ahí que el respaldo popular no sea garantía de confianza en otros sectores este primer año, pues una buena comunicación debe acompañarse de acciones concretas y un camino trazado desde un mismo eje, es decir, estrategia.

Aquí es donde está el mayor de los retos, si se es diferente hay que mostrar con contundencia y sin lugar a dudas en qué y para qué.

Por eso más que analizar el mensaje oficial donde no se dijo ni se vio nada distinto al pasado ni en formato ni en el fondo, vayamos a los hechos.

Algo que se debe reconocer es que en el gobierno de López Obrador se ha ‘achicado’ el espacio de actuación a la corrupción; sin ir más allá ni lanzar palomas al vuelo, en intención se ha mostrado voluntad, al menos en percepción.

Aquí va el pero, falta transparencia en las actuaciones de dependencias federales, licitaciones, asignaciones de compras, de plazas laborales, destino de los recursos ahorrados y una medición que pueda tomarse como parámetro para concluir que se combate la corrupción, sin peros.

Combate a la corrupción bien, no venganzas personales que demeritan la confianza en el discurso porque combate a la corrupción significa sobre todo respeto al estado de Derecho.

Otro punto que no se debe perder es el compromiso de austeridad hecho por este primer gobierno de izquierda, un esfuerzo encomiable y necesario sin duda en el que el Presidente asegura haber ahorrado cerca de 145 mil millones de pesos, eso está muy bien y debe aplaudirse sin peros.

El asunto está en que una cosa es ahorrar y otra recortar presupuestos en forma general sin obedecer a una estrategia de desarrollo económico y social, como el caso de las estancias infantiles, falta de medicamentos y servicios en hospitales, seguro popular, entre otros.

Instituciones asfixiadas y personal tanto ejecutivo como operativo sin opciones para solventar necesidades básicas hasta de vida o muerte a diario son también parte de este primer año de ahorro y combate a la corrupción.

Por otra parte ¿ese ahorro se ha destinado a generar desarrollo económico?

Si se ha destinado a programas sociales para apoyar a sectores desprotegidos para supervivencia diaria pero que no los sacarán de la pobreza, con acciones generosas, pero sin un método para medir su impacto, también es aún una estrategia a medias.

También decretos y decisiones unilaterales nublan esta percepción positiva, como la anulación de la reforma educativa; la construcción del aeropuerto, incumplimiento de contratos anteriores que también cuestan, más obras canceladas, etcétera.

Decisiones como estas y expresiones de poca tolerancia hacia quien difiere de la visión del Presidente han arriesgado también las garantías de imparcialidad y autonomía de las instituciones, lo cual es sumamente grave.

Sin duda sus grandes deudas en este primer año son la inseguridad y el cero crecimiento económico, aunado a que sus grandes proyectos de infraestructura no han despegado.

Como expectativa queda concretar la guardia nacional, especialmente en Sonora, donde este lunes en el marco de la tercera visita del Presidente a la entidad el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, anunció que a partir de este lunes 02 de septiembre inicia un proceso de depuración de los cuerpos policiacos en los municipios al reconocer la “penetración de la delincuencia organizada”; comenzando en Guaymas y Empalme para continuar en Cajeme, Hermosillo y Navojoa.

En términos generales el Presidente de México debe ya, a pesar de sus virtudes comunicativas, cambiar el discurso y dejar de echar culpas repitiendo que él es diferente, porque hablar del desastre del pasado y el promisorio futuro ya no justifica el presente.

En síntesis, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe entender que moverse no significa desplazarse (avanzar), es decir: querer no es sinónimo de poder.

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