David Figueroa

El 2018 fue de grandes expectativas para lo mexicanos -incluyendo a los sonorenses-, pero el año está por terminar y los cambios sin concretar, en lo económico y en lo social, en lo político se están realizando.

La transformación de las condiciones de bienestar para el pueblo mexicano se mantiene en una esperanza y por lo que se ve, será la tónica en el 2019. Al iniciar un nuevo año siempre manifestamos nuestro deseo de prosperidad, esperemos que no quede sólo en un buen deseo.

A 18 días de que Andrés Manuel López Obrador asumió el encargo como presidente de la República (y después de 5 meses de gobierno “virtual” desde las elecciones del 1 de julio) nos da idea de cuál será su forma de hacer gobierno.

A diario se habla de la Cuarta Transformación que López Obrador quiere imponer como sello a los seis años de su Gobierno que inició, de manera oficial, el 1 de diciembre y que, a decir de él, sería continuidad a los movimientos de Independencia, de Reforma y de La Revolución Mexicana.

Desde la perspectiva del nuevo presidente, se ve como punto número 1: Un México con objetivos loables como atender a los mexicanos más vulnerables, con mayor presupuesto con enfoque social, en el que se determina un cambio de prioridades y se reorienta el gasto público que se venía desarrollando desde la década de los ochenta.

Eso se percibe al menos en el presupuesto de egresos enviado este viernes a la cámara de diputados para su discusión y aprobación.

Mientras la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó el aumento al mínimo de 88.36 a 102.68 pesos diarios, -reconocido por Coparmex como mérito de López Obrador-, se considera por otra parte eliminar el subsidio federal para vivienda que provocará crisis en el sector y dejaría sin acceso a un hogar a familias de menores ingresos

Y como punto número 2 podemos determinar que: López Obrador retoma la visión petrolera como estandarte del desarrollo económico de México, con un programa de instalación y reapertura de refinerías.

Esto sin tomar en cuenta que a mediano plazo las refinerías serían obsoletas ante un mayor aprovechamiento de las energías alternativas y la comercialización de autos eléctricos que reducirían el consumo de las gasolinas.

La proyección del nuevo Gobierno, en esa reorientación, determina un recorte en los recursos del presupuesto federal 2019 para los estados, entre ellos Sonora. Para esta entidad habrá una disminución presupuestal de 6 mil 584 millones de pesos es decir un 7 por ciento a través de las aportaciones federales para estados y municipios.

Sonora es de los estados que va a recibir menos recursos, por lo que tendrá un menor crecimiento en comparación con otros como Sinaloa, Colima y la propia Ciudad de México que van a recibir incrementos del 26 al 27 por ciento.

A causa de esta reducción al menos siete proyectos de infraestructura carretera y de modernización en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Sonora, en Agua Prieta, Puerto Peñasco y Navojoa, quedaron fuera del presupuesto federal del 2019.

Ha, pero la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la propuesta de distribución de 4 mil 965 millones de pesos para los partidos políticos en el 2019, de los cuales Morena tendrá acceso a mil 628 millones de pesos.

Ante todo eso, podemos determinar que el México por la añoranza del siglo pasado se encuentra presente.

La conclusión para finalizar es que: El México de ayer idealizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con una notoria ausencia en temas de futuro, empieza a marcar el derrotero del México de hoy.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

El tope a las remuneraciones de los servidores públicos, que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no deja de ser una buena intención, pero no debe olvidar que México es un país de instituciones, de leyes que se deben respetar y en su propósito provoca el conflicto entre poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Imponer también las propuestas de reformas al  Poder Judicial, que persigue el titular del Ejecutivo mediante la mayoría en el Congreso, no representa más que el intento de una intromisión en contra de la Judicatura, que lleva a la confrontación y a la demolición de las instituciones que son la base del sistema democrático en México.

Si bien es cierto que los mexicanos votaron por López Obrador con mayoría contundente por un cambio, con un gobierno eficiente, en una sociedad más igualitaria y una economía que beneficie a las familias, pero sin romper con la paz social ni actuar con imposición.

En lugar de un Gobierno eficiente se prevé la sangría de funcionarios con experiencia en los cargos importantes, frustrados con la imposición de topes salariales, que decidan abandonar el servicio civil de carrera, además por el  desplazamiento de las dependencias federales que provocará renuncias masivas.

Estoy de acuerdo en que se tienen que  eliminar los excesos en los salarios de los servidores y frenar todo aquello que lastime al pueblo de México, pero no será con decisiones a capricho o personales y menos por encima del orden legal que existe porque termina siendo contraproducente como ahora lo estamos viendo.

A los mexicanos nos gustan las buenas intenciones como esa de evitar que haya sueldos estratosféricos en el servicio público, pero al Presidente y a sus asesores se les olvida que éste es un país de instituciones y de leyes, si bien es cierto vapuleadas o maltrechas, pero que debemos respetar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el viernes la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, propuesta por López Obrador, la cual señala que ningún funcionario debe ganar más de los 108 mil pesos que percibe al mes el Presidente de la República.

Sin embargo, esa suspensión no impide a la Cámara de Diputados subir o bajar los sueldos como lo considere, pero sí le prohíbe utilizar la Ley, impulsada por Morena, para asignarlos.

De esa forma, los salarios tendrán que ser fijados según los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, y el tercero transitorio de la reforma de 2009 a la Carta Magna, que puso como tope el sueldo del Presidente.

En el caso de jueces, magistrados, ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura y los electorales, deberán respetarse sus salarios, pues se encuentran protegidos por la propia Constitución.

Aun así, los legisladores afines al Presidente, como Ricardo Monreal Ávila quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de propia voz anunció que el Senado impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución que suspendió la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Pero no para todo ahí y este lunes, en las 30 sedes del Poder Judicial de la Federación de todo el País, jueces y magistrados iniciaron el día con un inédito acto de protesta por la  defensa de la independencia judicial.

Con una serie de medidas legislativas, planteadas por el Ejecutivo al Congreso, como la rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado, se enfocan a establecer mecanismos para la intromisión en la judicatura.

En ese acto histórico de protesta en el edificio del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF dijo que el conflicto entre poderes por la Ley de Remuneraciones no sólo implica la reducción salarial sino una afrenta directa contra la independencia judicial.

Ante la protesta de jueces y magistrados se maneja que queden fuera de los topes a las remuneraciones, lo cual sería un doble error, adicional al que se cometió de inicio, porque cómo va a decir el Presidente que ellos sí pueden ganar lo que quieran y los demás servidores públicos no, no se puede utilizar raseros distintos.

Por lo pronto se da una lluvia de amparos tramitados contra la ley federal de remuneraciones y hasta este lunes sumaban 862 demandas que reunieron a 4 mil 74 quejosos, mil 414 secretarios de juzgados y tribunales federales y 351 jueces, además de  magistrados, actuarios, oficiales y externos. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/secretarios-se-suman-contra-la-ley-de-salarios

Y en éste, al igual que en otros asuntos, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador no actúa en apego a la legalidad y respetando las instituciones, terminará por ser contraproducente  para él, para su Gobierno y desde luego para México. 

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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La discusión en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero constitucional a funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, ha llevado más tiempo del necesario en el México actual.

Y digo que el debate se ha postergado porque el fuero se estableció como inmunidad en México en una época de escasas libertades en donde la pluralidad no existía y hoy, por lo tanto, es innecesario como tal.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, la semana anterior, un dictamen para eliminar el fuero de funcionarios públicos, incluido el presidente, pero fue frenada de nuevo. En la discusión en particular, varios artículos reservados, entre ellos el 111, fueron desechados del dictamen y volverán a comisiones porque Morena no alcanzó la mayoría calificada.

Pero ¿Qué es el fuero constitucional? La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como una prerrogativa de senadores y diputados –y de otros servidores públicos reconocidos en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo.

México al nacer como nación desde la Nueva España adquirió la estructura política de España que incluía el fuero parlamentario para los políticos, empezando por los representantes de la corona como el propio Virrey. Y el fuero en México nació con la Constitución de Cádiz en marzo de 1812. http://tiempo.com.mx/noticia/77614 fuero_que_es_y_por_que_se_invento_ mexico_politica_ fuero_ universitario/1  

Tenía el fin de proteger a los políticos de persecuciones de opositores al terminar sus cargos. Y durante el ejercicio del puesto evitaba que enemigos de algún gobierno pretendieran desestabilizar con procesos penales para no dejarles trabajar.

Por lo tanto el fuero era necesario en épocas pasadas, pero ya no lo es.

Pero ¿Qué fue lo que pasó para que ahora se frenara la eliminación del fuero?

El dictamen avalado en lo general, la semana pasada, para eliminar el fuero de funcionarios públicos quedaría “incompleto”, toda vez que el artículo 108 constitucional aprobado, establece que el jefe del Ejecutivo durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado, en términos del artículo 111 de la Carta Magna, mismo que no alcanzó la mayoría calificada, por lo que no pasó.

En el 111, la reforma plantea que en el caso del presidente y los legisladores gozan de inmunidad, y no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo que ejercen su cargo, “salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra”, lo cual me parece un planteamiento interesante de los diputados de Morena.

Y la inmunidad es pertinente para no distraer al funcionario público de sus obligaciones.

El Senado había detenido ya el 27 de abril pasado la propuesta que eliminaba el fuero al presidente y legisladores para corregir y revisar las deficiencias de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

En Sonora, el 8 de agosto pasado, en sesión extraordinaria, los diputados aprobaron las reformas constitucionales que eliminan privilegios de funcionarios y de la clase política al desaparecer el fuero. Las reformas fueron aprobadas por 27 de 30 diputados.

Y en México, a nivel federal, el fuero ya no tiene razón de ser, ya no es necesario, por lo tanto debe eliminarse en el marco de libertad en el que vivimos.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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Andrés Manuel López Obrador asumirá el Gobierno de México este 1 de Diciembre con un reto descomunal ante los mexicanos, en todos los niveles, en lo social, lo político y en lo económico… Aunque inicia con una aceptación a la baja según la última encuesta del diario el Universal, a causa del desencanto por las promesas que no podrá cumplir y del desgaste desde su “gestión virtual”.

Las decisiones que está tomando el aún Presidente electo, desde antes de rendir protesta, están comprometiendo el actual federalismo, si bien es cierto, maltrecho, pero histórico y vigente; también están despertando la incertidumbre en el sector económico.

Las controversias, derivadas de las contradicciones en las que incurrieron López Obrador y su equipo, tras el arrasador triunfo en las elecciones de julio, provocaron que el apoyo ciudadano a quien será el nuevo Presidente cayera 9 puntos, de agosto –que tenía el 64 por ciento- a noviembre, y que la calificación de él también bajara de 7.4 a 6.8 puntos.

Propuestas polémicas como ofrecer el indulto a los culpables de la violencia del país y la posición personal de López Obrador de perdonar a los corruptos, desistir en temas fundamentales como la eliminación de los “gasolinazos”, traen como consecuencia un desaliento en la población y de quienes votaron esperanzados por un cambio en México.

La fallida iniciativa de los legisladores de Morena para eliminar comisiones a los bancos desequilibró los mercados financieros y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, generan recelo en las inversiones hacia el nuevo Gobierno y la inestabilidad en el tipo cambiario, del peso frente al dólar.

Contradicciones como la de prometer primero en campaña que sacaría al Ejército de las calles y apostarle después a la militarización para atacar la inseguridad, empieza a generar incertidumbre.

Los resultados en la última encuesta de El Universal determinan que ahora en noviembre sólo el 49 % de los mexicanos entrevistados cree que cumplirá sus promesas de campaña cuando en agosto era el  64 por ciento. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cae-9-puntos-la-aprobacion-de-lopez-obrador-en-tres-meses

Andrés Manuel López inicia con una aceptación a la baja (similar al 55 por ciento de inicio de Enrique Peña Nieto y por debajo del 75 por ciento de Vicente Fox, quien representó también, en el 2000, una esperanza de cambio en México) a causa de las acciones tomadas sin ser aún Gobierno y que todos los días dan de qué hablar. http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4644

Los retos son enormes, entre otros, ante el factor desestabilizador a nivel internacional por la postura anti México de Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera de forma definitiva si las autoridades mexicanas no deportan a los migrantes centroamericanos, aunado a la incertidumbre en los mercados financieros.

Recuperar la legitimidad de las instituciones será fundamental en un México que sufre por el narcotráfico, la corrupción, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, desapariciones, los asesinatos (incluyendo los de periodistas), por la violencia generalizada que crea cada vez un mayor sentir de inseguridad en la población.

El Gobierno de López Obrador tendrá que enfrentar el clima de violencia que tiñe de sangre al País y el 2018 es uno de los años más violentos registrado en México con un total de 15 mil 973 personas asesinadas en los primeros seis meses del año, de enero a julio.    

https://www.animalpolitico.com/2018/07/mexico-violento-asesinatos-2018

Pero también debe dar resultados contundentes para abatir los problemas como la pobreza y desigualdad social que padece México con más de  53.4 millones de pobres (43.6 por ciento) y 9.4 millones (7.6%) en pobreza extrema, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

Como mexicano deseo que este nuevo gobierno sea mucho mejor que el que se va y para ello el Presidente Andrés López Obrador tendrá que demostrar en los hechos que los millones de mexicanos que depositaron su confianza en él, no se equivocaron. La esperanza está viva pero la incertidumbre la acecha.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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A México le urge la paz y recuperar la seguridad, ante la violencia que se muestra imparable.          Y este es un clamor generalizado de los mexicanos.

La percepción de inseguridad por la que atraviesa el País demanda de medidas y acciones a fondo, que traigan una verdadera transformación, que recobre la tranquilidad que tanto necesitan los ciudadanos y que el Estado está obligado a garantizar.

De ahí lo trascendental de debatir el Plan Nacional de Paz y Seguridad, propuesto por Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá como Presidente de México el próximo primero de diciembre.

Pero ese Plan Nacional, que tanta polémica ha desatado en la última semana y es objeto de discusión por analistas, no debe sujetarse como “camisa de fuerza” a la militarización de la seguridad pública y de una Guardia Nacional como parte fundamental que requeriría de una cirugía a la Constitución para que sea posible.

Las estrategias de seguridad del nuevo Gobierno deben enfocarse a la organización en el combate contra la delincuencia, al reforzamiento de las corporaciones policiacas federales y a una mayor capacitación y profesionalización de las fuerzas estatales y municipales fortaleciendo las capacidades de estas últimas.

Porque de lo contrario, lo malo del Plan de Paz y Seguridad, al darle el máximo de facultades a las Fuerzas Armadas, por encima de las corporaciones policiacas, terminaría por acabar con lo bueno que pudiera contener la propuesta del todavía Presidente electo.

La urgencia de aplicar un Plan Nacional de Seguridad es evidente:

Se estima que el número de víctimas, de 18 años y más en el último año, en el 2017, fue de 25.4 millones, en el país, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Según las mismas cifras oficiales, el 35.6% de los hogares contó con al menos un integrante como víctima del delito, pero en el 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación.

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf

Y en base a los resultados del vigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, en la primera quincena de septiembre de 2018, durante ese mes 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 79.7%, mientras que para los hombres fue de 69.2 por ciento.

La inseguridad es el principal problema que preocupa a la población de Sonora. Y el 66.9% de los sonorenses se siente inseguro, por encima de la media nacional del 64.5 %, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf

En Hermosillo, en los últimos tres meses (julio- septiembre), el índice de percepción de inseguridad se incrementó un cuatro por ciento, y del 71.1 por ciento en junio, pasó a 75.1, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf

De ahí la importancia de aplicar un Plan Nacional de Seguridad que sea efectivo y el propósito pacifista no se pierda por la imposición militar.

Lo positivo que puede tener el Plan, como diagnósticos certeros y el hecho de reconocer que la criminalidad coexiste con la corrupción y que hay que combatirla.

Según la propuesta, tenemos que entender los costos que ha generado el paradigma prohibicionista de las drogas y la necesitad de transitar a su regulación.

La importancia de la reforma carcelaria y la reinserción social representan una vocación progresista y revela una vocación progresista, un espíritu humanista.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad para el 2018-2024 se centra en varias acciones:

1) Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

2) Garantizar el empleo, educación, salud y bienestar

3) Pleno respeto y promoción de los derechos humanos

4) Regeneración ética de la sociedad

5) Reformular el combate a las drogas

6) Emprender la construcción de la paz

7) Recuperación y Dignificación de las cárceles

8) Plan de Seguridad Pública.

Pero el debate se ha centrado en la creación de la Guardia Nacional que requerirá de una cirugía mayor a la Constitución, de la aprobación en el Congreso de la Unión y del 50% más uno en los congresos locales.

El Plan de Seguridad Pública comprende tres ejes estratégicos:

a) Repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas;

b) Crear una Guardia Nacional; y

c) Establecer Coordinaciones Regionales.

Estará formada mayoritariamente por militares, estará supervisada por militares, será entrenada por militares. Se utilizará para “la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el MP y aportación de las pruebas exigidas por la ley”. Las Fuerzas Armadas -de facto- serán las nuevas policías del País.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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