08082022Lun
Last updateJue, 09 Jun 2022 7pm

Diálogo:La gasolina que no baja en México.

“Prometer no es difícil, cumplir si lo es”. Y esto viene a relación de la promesa de Andrés Manuel López Obrador como candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” de acabar con “los gasolinazos”, pero ahora como presidente electo cambió el ofrecimiento para desencanto de millones de mexicanos que pagan los altos precios de los combustibles.

Mientras, los mexicanos, padecemos por la liberación de los precios de la gasolina, a causa de la reforma energética aprobada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revertir si ganaba las elecciones del primero de julio. Una vez obtenido el triunfo la realidad lo ha alcanzado.

Y los precios de la gasolina regular (Magna) alcanzó los 19.62 pesos este martes 13 de noviembre, el litro de la Premium los 21.12 pesos – y el diésel los 20.85-. http://www.gasolinamx.com/estado/sonora/hermosillo

Llenar un tanque de 40 litros cuesta más de 800 pesos y antes de la liberación, de la reforma energética, lo hacías cuando mucho con 400 pesos. Tristemente echar 100 pesos de gasolina es apenas un galón.

Esto pega en la economía de las familias que dedican la mitad o más de sus ingresos para cubrir el alto costo de la gasolina para echarle al tanque de sus autos, ya no llenarlos, pero no hay de otra porque tienen que trasladarse a sus centros de trabajo y llevar a los hijos a la escuela.

Para aprobar la reforma energética se nos vendió la idea de que con la entrada de empresas internacionales para la venta del combustible saldríamos ganando los mexicanos con precios más bajos. Hasta ahora es todo lo contrario, la gasolina sube y sube y para cuando termine Enrique Peña Nieto su gestión se prevé que los precios anden por las nubes.

Es ahora cuando los legisladores deberían estar buscando la manera de revertir los altos precios de las gasolinas y no escudarse en el argumento de que significaría un quebranto en las finanzas públicas federales el eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019         está a la puerta y los señores legisladores sobre todo de Morena con su mayoría en el congreso, tendrán la última palabra las escusas se agotaron, les toca enfrentar la realidad.

Actualmente el precio de la gasolina y el diésel se fija a través de tres componentes: El primero es el precio internacional del petróleo, el segundo son los costos de transformación y la logística para que llegue al consumidor final y el tercero el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que es donde los legisladores pueden disminuir.

Prescindir de los ingresos por los impuestos en la gasolina sí es posible y para compensar los recursos que se recaudan por esa vía el Gobierno de López Obrador puede recurrir a otras medidas como el incremento de la recaudación fiscal mediante el combate a la evasión de los grandes corporativos empresariales.

Por lo visto el expediente de queja por los altos costos de la gasolina y que tantos beneficios electorales le otorgo a Morena se archivará, para dar paso al gozo de las mieles que representa la apertura del mercado.  

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.


Diálogo: El empuje de la SCJN a legalizar la mariguana exige un debate serio

La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reafirma el Derecho Constitucional para la no prohibición del uso del cannabis, establece una jurisprudencia que abre la puerta para legalizar su consumo en México.

De esa manera se retoma el debate que ha sido discutido ampliamente sin llegar a resultados hasta ahora, porque las autoridades no han querido entrarle por temor a las consecuencias políticas, en una sociedad conservadora como la nuestra en el que el tema es un tabú.

La Primera Sala de la SCJN resolvió favorablemente varios amparos para el uso de la planta, en un hecho histórico que podría cambiar el rumbo de la política de drogas en el país.

Con dos fallos, además de otros amparos que la Corte había admitido previamente, se crea una jurisprudencia que obligará a los jueces de todo el país a emitir sus sentencias conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte, y después, al Congreso de la Unión a regular legalmente este mercado.

De esa decisión de la SCJN podemos determinar varios aspectos:

El punto número uno es que ahora sí sienta jurisprudencia para que las personas puedan cultivar mariguana para su propio consumo. Esto nos obliga como sociedad a tener una discusión seria sobre el tema de la mariguana, en México.

La decisión de la Suprema Corte argumenta que la Ley General de Salud en su apartado sobre la mariguana viola derechos humanos, como el de la libre personalidad y a la salud. Esto empuja a que en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y del Senado, se apruebe una reforma para regular su uso.

Como segundo punto vemos que en muchos países en el Mundo, como Estados Unidos -y sucedió recientemente con Canadá-, están dando un paso hacia adelante con el uso de la mariguana con fines recreativos, es decir lúdicos; ya no lo ven como un tema de seguridad sino de Salud.

Cuando fui Cónsul en California, allá el uso de la mariguana con fines recreativos o lúdicos no pasó en una primera votación que fue muy cerrada, pero a la vuelta de los tres años se aprobó y de manera muy sobrada. Hoy es legal en ese estado el consumo con esos propósitos.

El mundo va evolucionado y dando pasos hacia adelante en poder cambiar la visión de una política pública prohibitiva a una política pública que permita el uso de la mariguana evidentemente con controles del Estado, desde una problemática de Salud y no de Seguridad.

No sé, honestamente, si sea éste el camino a tomar en México.

Lo cierto es que en México tenemos que debatir este tema, con seriedad, con objetividad, porque las políticas prohibicionistas que hemos tenido, hasta el momento, han dejado puro dolor, sangre, tristeza, pobreza y nos ha manchado como País, a partir de la violencia y los ajustes de cuentas.

Por último, creo que México no puede estar en una visión distinta a la que tienen sus principales socios como Estados Unidos. En el vecino país del Norte, en la mayoría de los estados -por ser una competencia local y estatal- han aprobado el uso de la mariguana con fines lúdicos.

Y aquí en México seguimos nosotros con una mentalidad prohibicionista que genera un ciclo de violencia, de sufrimiento y de dolor para cientos de miles de familias que han sufrido el asesinato de algún familiar.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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Diálogo:Humanismo de México sí, no a la humillación de la soberanía nacional

El éxodo masivo de inmigrantes centroamericanos a México evidenció la vulnerabilidad en nuestra frontera Sur, en un atentado a la soberanía nacional, que pone entre “la espada y la pared” al Gobierno de Enrique Peña Nieto, al final de su gestión, ante esa entrada abrupta y las presiones de Donald Trump.

Y amenaza para que, al llegar a Sonora, haga crisis principalmente en la seguridad y en la falta de capacidad para darle asistencia a quienes vienen huyendo de la falta de oportunidades, del hambre y de la violencia en sus países.

Las autoridades mexicanas se vieron rebasadas para contener este fenómeno que se les desbordó en el puente fronterizo “Rodolfo Robles” entre Guatemala y México, que se convirtió en “campo de refugiados” donde se vivieron momentos de verdadera tensión y de violencia al resultar policías federales heridos, y esto no podemos aplaudirlo.

A pesar del llamado del presidente Enrique Peña Nieto y del operativo de la Policía Federal para detenerlos, los inmigrantes -que inicialmente eran sólo hondureños y se sumaron salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses- entraron por el Río Suchiate a México aprovechando la “porosidad” en la frontera. Ahora han tenido que custodiarlos.

El Gobierno Mexicano fue incapaz de resistir el embate por la llegada de migrantes y aunque les cerró las puertas –que ya habían sido violentadas- en el puente, los intentos por detenerlos fueron nulos por el número creciente de integrantes de la Caravana que superó los 5 mil.

Hicieron caso omiso del mensaje del Presidente Peña Nieto de que su Gobierno no iba a permitir que ingresaran de manera violenta y de que tendrían que hacerlo de forma legal y entraron “Como Juan por su Casa”. Y lo peor aún, violentando la soberanía nacional.

El Gobierno de Peña Nieto ha tenido que soportar además la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enemigo de los migrantes – a los que ha calificado de criminales-, quien amenazó con militarizar la frontera con nuestro país si México no es capaz de frenar la Caravana.

Las autoridades de México no fueron capaces de frenar el ingreso de miles de migrantes, también fueron desdeñadas en su ofrecimiento de darles albergue.

Y la Caravana, que hacía una fila de 1.5 kilómetros, siguió imparable en su propósito de llegar a la frontera de Estados Unidos a cumplir “el sueño americano”.

Mientras Trump se ha caracterizado por sus políticas de persecución a los inmigrantes, hostigándolos, negándoles los derechos fundamentales como seres humanos, de alimento, salud y educación, a México le ha distinguido siempre una política humanista y solidaria.

El pueblo mexicano ha dado muestras de su espíritu humanitario, al recibir con comida y ropa a los migrantes, a quienes los han motivado con aplausos y cánticos solidarios. Esto no es nuevo, México siempre ha tendido la mano a los hermanos de otros países, bajo la visión de La Doctrina Estrada.

Pero la Doctrina Estrada, que es “faro y luz” en las relaciones diplomáticas de México ante el Mundo, promulgada en 1930 a iniciativa de Gerardo Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores, se fundamenta en el respeto a la soberanía nacional de los pueblos.

Las políticas de hospitalidad caracterizan a nuestro país y en apego a la doctrina Estrada México les abrió las puertas a los refugiados españoles que huían de la Guerra Civil y lo ha hecho con gente originaria de otros países. Pero no pueden venir a pisotear nuestra soberanía como Nación, a la fuerza, como sucedió esta vez.

En Sonora, también tenemos sentido humanitario y como gente solidaria dispuesta a ayudar a quien lo necesita, por lo que no habremos de negar la caridad y alimento a los migrantes.

Pero hay una realidad que no podemos negar: De lo que puede pasar de que miles de inmigrantes no puedan cruzar a Estados Unidos y se queden en las ciudades de Sonora.

No hay la capacidad del Gobierno para darles empleo ni asistencia social a tantas personas, -la propia Gobernadora Claudia Pavlovich lo declaró- y lo vimos en abril pasado cuando llegó otra caravana de 600 migrantes, imaginemos ahora que son 10 veces más.

El tema requiere de solución integral. Los inmigrantes merecen un trato humanitario sí, pero no podemos permitir una humillación a nuestra soberanía nacional que fue violentada.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: Sonora requiere de una verdadera fiscalización

Por David Figueroa O.

Los ciudadanos exigen una mayor rendición de cuentas de la administración gubernamental, a través de una verdadera fiscalización que dé certeza sobre los recursos públicos, generados con nuestros impuestos, de que se están aplicando bien, en atender las necesidades de la población y en obras para el desarrollo.

Mientras las sociedades avanzan, en un mundo donde cada vez hay más tecnología, las auditorías a los gobiernos municipales, estatal y federal presentan retrocesos y no ofrecen garantía a los ciudadanos de que las cosas se están haciendo bien, con honestidad y transparencia.

En la sesión del Congreso del Estado, este lunes, se hizo evidente la falta de una fiscalización más efectiva:

Cuando se suponía que las reformas a la Ley del ISAF (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización), aprobadas en diciembre de 2017 por los diputados, le dotarían de más “dientes” al instituto para hacer más eficiente la fiscalización de los recursos públicos, su labor fue cuestionada y descalificada por los legisladores.

La autonomía al ISAF, mediante la dotación de las herramientas jurídicas necesarias para que pueda desarrollar sus funciones con mayor operatividad y eficiencia, al parecer, por lo que se vio en esa sesión, no ha dado los resultados deseados.

                Aunque se presuma que los resultados de las auditorías a la cuenta pública de 2017 del Gobierno estatal, por parte del ISAF, la ubican como la más limpia, al tener menor número de observaciones comparado con otros años, no se logra la eficiencia esperada.

Las 305 observaciones detectadas a la administración estatal –de las cuales 147 estaban en proceso de solventar- evidencian que aún hay funcionarios que se resisten a cumplir con profesionalismo, pero sobre todo con honestidad, la encomienda para lo cual fueron designados.

Legisladores advirtieron, en la sesión del Pleno del Congreso, de que en su informe el ISAF señaló un posible quebranto de 40 millones 313 mil 577 pesos, lo que indica que existen servidores públicos que no realizan su trabajo con ética y honradez.

En cuanto a obra pública estatal, el ISAF detectó que en 207 acciones se presentaron los expedientes técnicos incompletos, en 33 no se tenían los proyectos, 14 más no estaban autorizadas en el Presupuesto de Egresos de los sujetos fiscalizados y en 41 se presentaron conceptos pagados no ejecutados.

Pero a los diputados locales, con esas reformas al ISAF, que lo hicieron autónomo del Congreso, les quitaron la facultad para aprobar o reprobar la Cuenta Pública estatal y sólo se les permite hacer observaciones.

El Instituto fue reprobado por los diputados que lo consideraron incompetente para realizar un trabajo serio y objetivo.

De una “lista negra” que el ISAF presentó de 17 municipios reprobados: Cananea, Bacerac,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nacozari de García, Soyopa, Bacanora, Baviácora, Aconchi, Bácum, Naco, Arivechi, Tubutama,        La Colorada, San Felipe de Jesús, Villa Pesqueira, Empalme, Nogales y Arizpe, los diputados agregaron ocho más para un total de 25.

A esa lista de municipios calificados en forma negativa les sumaron los de Guaymas, Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Caborca, Huatabampo, Navojoa y Álamos.

Pero fue por una decisión eminentemente política, no por la aplicación de una metodología que fundamentara la mala aplicación de recursos, y se aprobó con 22 votos, 21 de los diputados de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y uno de Movimiento Ciudadano.

De los municipios que incorporaron a la lista de reprobados, por ejemplo Hermosillo y Cajeme, que estaban gobernados por el PRI, San Luis Río Colorado y Guaymas por el PAN, ahora todos tienen ayuntamientos emanados de esa Coalición.

Por una parte, la transición democrática es favorable porque permite que las cuentas públicas de los municipios ya no pasen con facilidad por una mayoría como sucedía con el PRI o el PAN, pero no puede ser que sea por mero interés político, sin una auditoría profesional.

Por eso se requiere de una verdadera fiscalización.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: Inseguridad en Sonora exige actuar con grandeza

La crisis por la inseguridad exige agilizar los nombramientos del Fiscal de Justicia del Estado y del nuevo secretario de Seguridad Pública. Se debe hacer por la grandeza de Sonora y para garantizar la tranquilidad de las familias y de la sociedad.

Los diputados de las diferentes fracciones del Congreso del Estado deben actuar sin regateos, fuera de intereses partidistas, con el máximo compromiso por Sonora, en respuesta a los ciudadanos que los eligieron y que hoy exigen seguridad.

Deben los legisladores actuar con responsabilidad, en beneficio de Sonora, para alcanzar los acuerdos y designar al nuevo Fiscal en el tiempo mínimo necesario.

Igual se requiere de la respuesta expedita del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado para nombrar al secretario de Seguridad Pública.

Las figuras del fiscal y del secretario de Seguridad Pública son fundamentales para restaurar el orden y enfrentar a la delincuencia organizada que trae en zozobra a la sociedad, con el estallido de los actos de violencia, tras una de las peores semanas en la que asesinaron a seis policías en Guaymas y en Hermosillo.

Son cargos que no pueden estar vacantes. No pueden estar sin las cabezas, en momentos tan delicados, las instituciones encargadas del orden en Sonora.

El nivel de compromiso, aunque lo hagan de manera eficiente, no es el mismo de los encargados de despacho como de los titulares a quienes se les otorga facultades y se les dota de mayores responsabilidades.

Las fracciones parlamentarias deben dejar de pensar como partidos y, al menos, por esta ocasión apartarse de sus intereses partidistas para pensar en Sonora.

No pueden los diputados estar enfrascados en pleitos de partidos mientras los sonorenses viven momentos de angustia y temor por la violencia. Habrá otras ocasiones para pelear, pero ahora es por Sonora, por las familias que demandan seguridad.

Recordemos que con las reformas en materia de Justicia, el Congreso aprobó que la Procuraduría de Justicia del Estado pase a ser Fiscalía y le otorgó autonomía, por lo que la designación del titular tiene que ser autorizada por los diputados, en base al artículo 98 de la Constitución política de Sonora.   http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/781A67DF-7A8B-4B5E-89FD-69BF54A1A126/202655/ConstitucionPoliticadelEstadodeSonora.pdf

De por sí el relevo al frente de la Fiscalía debe pasar por un largo y complicado proceso de selección, que puede llevar casi dos meses, en el que intervienen el Ejecutivo, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el Congreso, por lo que se debe agilizar por la seguridad de los ciudadanos.

De inicio el Congreso tiene que proponer al menos cinco candidatos, aprobados por mayoría calificada y la lista ponerla a consideración del Consejo Ciudadano, éste validarla y enviarla a la Gobernadora quien decidiría una terna y la turnaría al Legislativo para elegir al nuevo fiscal con el voto de la mayoría calificada, de las dos terceras partes de los diputados.

El fiscal debe ser un profesional probado, con conocimiento de las leyes y los procedimientos legales, alguien con capacidad para garantizar la paz y tranquilidad.

Debe, entre otros requisitos, cumplir un perfil apartidista capaz de aplicar las leyes sin preferencias políticas, además de tener conocimiento pleno del nuevo Sistema de Justicia Penal y el vínculo con las autoridades federales, de Seguridad Pública y militar, para coordinarse.

Es indispensable que tenga conocimiento del mapa delincuencial en Sonora y responda a valores de honestidad, honradez y respeto al Estado de Derecho. Por ser un cargo por nueve años el Congreso debe tomar con detenimiento la decisión, pero no tardar más del tiempo necesario.

Si no se ponen de acuerdo los diputados dentro del plazo estipulado en la Ley, la Gobernadora puede designar al nuevo fiscal de entre los propuestos por el Congreso o de la terna que la propia titular del Ejecutivo haya seleccionado.

No es el caso del Secretario de Seguridad Pública que es aprobado por la Gobernadora, a propuesta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, por lo que no se ve mayor problema para seleccionar y definir al nuevo titular.

El momento que vive Sonora por la inseguridad, requiere de todos. Unidos, como sociedad, es como podremos salir adelante en esta difícil situación. Y en las autoridades, incluidos los diputados, deben actuar en apego a sus responsabilidades para garantizar un ambiente de paz. Por la grandeza de Sonora.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: Urge pasar de un salario mínimo a uno digno, sin demagogia

En México debemos pasar de un salario mínimo a un salario digno, que logre incentivar la productividad y la competitividad; que se traduzca en calidad de vida para los trabajadores, también en crecimiento de las empresas y de la economía.

Tanto se ha discutido de que si se debe aumentar o no el salario mínimo, que el tema podría parecer incluso hasta obsoleto.

El sector productivo requiere de una política laboral de largo plazo que dé certeza, con un nivel salarial que posibilite la línea de bienestar de los trabajadores y de sus familias, que esté acorde a las condiciones económicas del País.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) se ha pronunciado a favor de que el Salario Mínimo sea de 110 pesos en todo el país y la Coparmex dio a conocer que hay las condiciones de que sea de 102 pesos para finales de año, por lo que prácticamente están de acuerdo los dos factores de la producción.

Urge que en México pasemos de un salario mínimo a uno digno, porque México es el país de la OCDE con el salario mínimo más bajo. En América Latina sólo están por debajo de México, Cuba y Haití, es decir, tenemos el tercer lugar con el peor salario mínimo de todo el continente.

Según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los últimos 25 años el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído en un 76 %, lo que ha repercutido en el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores.

Fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores repercutiría de manera favorable en el reforzamiento del mercado interno y aumentaría las expectativas de crecimiento económico anual en México, a decir de especialistas en el tema.

Según la Coparmex, el incremento del salario mínimo permite el fortalecimiento del poder adquisitivo de casi 488 mil trabajadores que perciben este ingreso.

Pero no será con demagogia de los partidos políticos, que toman el tema como bandera política con posturas “clientelares” al proponer lo inviable, que se dé el incremento de manera factible, porque éste depende de las condiciones, no es por decreto.

Es hasta curioso que los partidos políticos, a través de las bancadas del PAN, PRD y PRI, en la Cámara de Diputados, se disputen mediante iniciativas el incremento del salario mínimo para 2019, con propuestas desmedidas una de otra, con posturas muy diferentes, cuando lo que se necesita es que se pongan de acuerdo.

Mientras el PAN desempolva una promesa de campaña de aumentar a 100 pesos el Salario Mínimo, los diputados perredistas piden que sea de 176 pesos y los del PRI de plano plantean que sea de 265 pesos diarios, por lo que hay una disparidad.

El sector patronal de Coparmex ha establecido que hay condiciones económicas y políticas para dar ese primer paso hacia la línea de bienestar, que establece la ONU, mediante el incremento del salario mínimo a 102 pesos y que es necesaria una política salarial de largo plazo para el desarrollo sostenido.

Sólo falta que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), organismo encargado, lo lleve a cabo y esperemos que sea en diciembre próximo cuando está previsto un ajuste, a fin de que los trabajadores puedan aspirar a mejores condiciones de bienestar.

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