La estructura para determinar el costo del pasaje del transporte público se desconoce.
El actual Consejo que la determina no ha dado a conocer la metodología que siguen y de ahí que el rechazo a los 11.50 pesos que propusieron con todo y ponerse el huarache de que no es definitiva. Falta el subsidio, dicen.
El transporte urbano y suburbano de personas en las ciudades de Sonora es privado, es propiedad de personas a los que se denomina concesionarios los cuales pueden tener una o mas unidades.
En alguna ocasión el transporte fue público, esto es, lo administraba cada municipio de acuerdo a sus capacidades y el control del mismo hasta la fecha está a cargo del gobierno del Estado. Autoriza tarifas al público a propuesta de un consejo de ciudadanos en donde participan organizaciones empresariales, sociales, de profesionales y académicos e investigadores, además de los propios concesionarios del mismo.
No son nuevos los conflictos que se generan cada vez que los concesionarios demandan un incremento a la tarifa. Cada vez que lo hacen va con ello una amenaza para suspender el servicio sabedores que una suspensión pega directamente en la economía del Estado en la medida que el transporte urbano es usado fundamentalmente por miles de trabajadores que se dirigen a sus empleos, o bien que salen de ellos en todos los niveles.
El daño que provocarían en la mayor parte de los casos es irrecuperable. Que el comercio no abra sus puertas o que las abra tarde, o que las fabricas situadas en la ciudad o en el sector de la construcción, la educación, donde se ubican a la mayoría de los trabajadores que mueven la economía regional no laboren sería un golpe durísimo.
Pero el mayor golpe en caso de un incremento que favorezca solo el interés de los concesionarios es a los usuarios del transporte porque la mayor parte que lo utilizan se ubican con ingresos de uno hasta 3 salarios mínimos, esto es reciben desde $2,400.00 pesos hasta $7,200.00 pesos.
De acuerdo con datos del Inegi, poco más de 764 mil trabajadores en Sonora se encuentran en ese nivel de ingresos, de los cuales poco más de 115 mil reciben un salario mínimo; poco más de 353 mil trabajadores reciben de uno hasta 2 salarios mínimos y poco más de 295 mil trabajadores se encuentra entre 2 y hasta 3 salarios mínimos.
Para un trabajadores de un salario mínimo sin familia que utilice transporte público, utilizar dos veces diarias el transporte público con un costo de $11.50 pesos, o sea $23.00 pesos, le significaría más de un 25% de sus ingresos y si suponemos que tiene familia y utilizan el transporte público, la situación se vuelve crítica y de supervivencia.
Por otra parte el servicio que presta con todo y que continuamente recibe subsidios y apoyos financieros para renovar su flota por parte del Estado, los usuarios se quejan permanentemente de la tardanza, de la suciedad de las unidades, del maltrato del chofer de la unidad, de la falta de unidades, del incumplimiento de los horarios, y el más reciente, la falta de aire acondicionado en verano.
En Sonora el transporte urbano y suburbano de pasajes es privado, cada concesionario puede tener tantas unidades como capacidad tenga para comprarlas y hay casos en los cuales un solo concesionario cuenta con decenas de unidades.
Habrá que recordar que en los años 70s el servicio era municipal en el caso de Hermosillo y cuando se privatizo se manejó en teoría que cada unidad quedaría en manos de una familia y de esa manera se convertiría en una microempresa de carácter social.
Pero eso no sucedió. Los sucesivos cambios en la estructura de la concesión del servicio liberalizó las reglas y acabó con el proyecto social para imponerse el de libre mercado. Las concesiones se vendieron y en otros casos se favorecieron a particulares para tener preferencia en la compra de las mismas.
Ninguno de los dos casos ni el social ni el privado fueron y no han sido capaces de lograr que el transporte de pasaje sea eficiente y sustentable y los gobiernos tampoco han encontrado una estructura capaz de encontrar equilibrio entre las necesidades de usuarios y concesionarios que no impliquen afectar a una de las partes, a pesar incluso, del pago de un subsidio a los concesionarios.
Este último tema de los subsidios fue causa de un prolongado enfrentamiento entre concesionarios y gobierno entre acusaciones de corrupción y fraudes en el conteo del número de usuarios, ya que de acuerdo con la cantidad que lo utilizan la cantidad del subsidio aumenta o disminuye. Pero para nadie es un secreto que las maquinas cobradoras que se utilizan en los camiones, las cuales deberían estar cerradas para evitar su manipulación, siempre están abiertas.
El otro elemento que ha sido un lastre para el transporte ha sido la politización y partidización del servicio y en el cual los usuarios son rehenes de los intereses que se manejan.
En otros países el transporte de pasaje dentro de las ciudades también ha sido un coco para sus gobiernos. En algunos casos el servicio es público, o sea es propiedad del gobierno, y en otros es privado. Lo que han hecho en algunas ciudades, es mejorar el servicio con diversas modalidades, camiones, tranvías, trenes, metro, taxis.
Por ejemplo el transporte en Nueva York es público y está administrado por la empresa Metropolitan Transit Authority (MTA), la cual provee un servicio integrado de autobús, metro, trenes y el tram aéreo que va de Manhattan a Roosevelt Island.
En Londres, una de las ciudades con el mejor transporte en el mundo es un servicio público y aunque siempre ha sido motivo de queja, la calidad en el servicio y su mejora constante han reducido el impacto negativo en la población. Hay que aclarar además que el ingreso salarial entre Londres y Hermosillo es particularmente amplio. Tanto Nueva York como Londres o Paris ofrecen boletos individuales o múltiples, pero en todos los casos el servicio es eficiente, rápido, limpio y ordenado.
Aunque no hay puntos de comparación y cualquiera pudiera exponer sus diferencias, lo real es que la estructura como se administra el transporte es confusa, tiende a politizarse y generalmente el usuarios critica que siempre sea el que recibe los golpes y que se beneficia a los concesionarios.
Tampoco hay claridad en el sistema tarifario. De hecho la más reciente decisión que tomó un consejo ciudadano se hizo a oscuras. No hay un estudio que sea conocido por la población de las razones de los $11.50 pesos que propusieron y en el peor de los casos seguramente no existe.
Dicen que la propuesta es para mejorar el servicio mientras que los concesionarios quieren $13.00 pesos. La más dura crítica que se hace a los integrantes del Consejo ciudadano es que quizá no se han subido a un camión y que sus ingresos afortunadamente les permiten adquirir un vehículo de modelo reciente que utilizan diariamente.
Lo que es una realidad es que el transporte de pasaje en las ciudades es fundamental para la economía: para trabajadores y empresarios y contar con un servicio eficiente que garantice la movilidad y la armonía de la economía a largo plazo sin interferencia de políticas partidarias y anteponiendo los beneficios de la sociedad para evitar el malestar social es un camino necesario.
El transporte en México es atípico. No ha sido ni suficiente ni eficiente y el propietario quiere ganar mucho dinero. Los usuarios saben que tienen que pagar por el servicio.
La cuerda de por si tensa, hoy tiene más presión y no se ve en el horizonte medidas a largo plazo, son como siempre apresuradas.
