Seguridad

QUITO, ECUADOR (15/ABR/2015).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el martes que suspendió sus actividades en el norte del país debido a "graves amenazas" contra su seguridad.

Correa explicó a la prensa que tuvo que suspender un almuerzo con autoridades locales y líderes indígenas, así como una visita a un hospital en la ciudad andina de Tabacundo, por "graves amenazas" a su seguridad recibidas a través de mensajes enviados a un alcalde local.

Ante "esta grave amenaza, y sobre todo que venía la llamada del lugar del evento (previsto), tuvimos que suspender" las actividades y "tomar precauciones", señaló.

Indicó que tras rastrear el número del teléfono de donde provenían las amenazas enviadas al teléfono celular del alcalde de Tabacundo, Frank Borys Gualsaquí, se encontró que se habían enviado en un radio de 500 metros del lugar donde se realizaría el evento.

"¿Qué has pensado, que eres el que salvó al pueblo? Estás mal. Te matamos junto con el Correa, hoy lo verás", "Ya lo verás, hoy como mueren muchas personas, hoy en el parque está visto", indicaban las amenazas que fueron leídas por el mandatario ecuatoriano.

Informó que se ubicó al propietario del teléfono, quien aseguró que le habían robado el celular y negó haber realizado las amenazas, de acuerdo con la agencia de noticias Andes.

Las actuales condiciones de la ciudad permiten a los comités de vecinos de fraccionamientos y colonias analizar el retiro de las rejas que “por miedo” instalaron años atrás, dijo ayer César Omar Muñoz Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Ante los conflictos vecinales surgidos por inconformidades sobre los accesos controlados, que ya provocaron la intervención de un juez de Barandilla como mediador, el secretario planteó la posibilidad de “derribar murallas”.

César Omar Muñoz Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), expuso que era comprensible que los vecinos optaran por “encerrarse” ante la inseguridad que prevalecía. Sin embargo, las cosas cambiaron y es necesario retomar el patrullaje de las calles sin el obstáculo de los enrejados, dijo.

El jefe policiaco explicó que el cierre de calles ha provocado que servicios de seguridad pública y emergencias retrasen su tiempo de respuesta.

Entre los puntos conflictivos destacan los fraccionamientos San Ángel y Pradera Dorada, este último en forma de herradura y de complicada circulación por el cruce de calles, dijo.

Muñoz Morales destacó la organización vecinal como una consecuencia favorable del cierre de calles, colonias y fraccionamientos, ya que llegar al consenso y firmar su anuencia implicó conocerse y trabajar por un objetivo común, algo que con el paso del tiempo insidió en la participación ciudadana como ocurre con la Red de Vecinos de Juárez.

“A Seguridad Pública le ha servido mucho que los vecinos se organicen porque hay un acercamiento con los comités de vecinos, pero la realidad es que las rejas complican el patrullaje porque en algunas colonias ni hay guardia”, planteó.

Muñoz Morales dijo que la semana pasada los vecinos de un fraccionamiento cerrado –declinó revelar el nombre– se enfrentaron para poner fin a la discusión y ésta llegara a otro nivel, todos los implicados fueron trasladados ante el juez de Barandilla que fungió como mediador.

“Hace una semana hubo un conflicto entre vecinos y tuvimos que llevarnos a todos ante el juez.  Hablamos como una hora con ellos porque tenían problemas por unas rejas y los accesos, lo que nosotros privilegiamos es el diálogo y no dar paso a delitos como lesiones y hasta homicidios”, dijo el secretario.

“Situaciones como las 'cuotas', los liderazgos, los reglamentos internos o ausencia de ellos, ahora son los motivos de conflicto y los ciudadanos no deben olvidar que hay otros reglamentos y leyes que también deben respetar y de no hacerlo hay sanciones como la cárcel”, advirtió. (Luz del Carmen Sosa/El Diario)

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En 2014 hubo un total de 54 empresas privadas que contaban con autorización para operar

Cecilia Conde

Solo 15 empresas de seguridad privada en el estado obtuvieron la renovación de su licencia para prestar servicio durante 2015, según lo publicado el 31 de marzo en el Periódico Oficial del Estado ‘La Sombra de Arteaga’ y datos de la página web de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En 2014 hubo un total de 54 empresas privadas en el estado que contaban con autorización estatal para operar y de las cuales menos del 27 por ciento obtuvo la renovación de la licencia.

Por otro lado las otras 39 empresas de seguridad privada que contaban con licencia para operar en 2014, ya no aparecieron en la lista de empresas con licencia para 2015. Cabe señalar que en la información que se proporciona en la página web de la Secretaría de Seguridad Pública, no se detalla cuáles de las empresas que contaban con licencia hasta el 31 de diciembre del 2014, solicitaron su renovación.

En la lista que se encuentra disponible en los archivos del periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, también se da cuenta de que se otorgaron licencia de operación a otras 28 empresas, que al menos en 2014 no contaron con licencia para prestar servicio en el estado.

En total para 2015, las 43 empresas de seguridad privada que obtuvieron su licencia para funcionar, podrán prestar diversos servicios como el traslado y custodia de bienes y valores, traslado y protección a personas, la vigilancia en eventos masivos, y la consultoría en materia de seguridad privada.

En la página web de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, se despliega un apartado en el que las personas pueden consular los nombres, direcciones y teléfonos de las empresas que cuentan con licencia, sin embargo aún no se encuentra actualizada con los nombres de las empresas que desde el 31 de marzo cuentan con licencia para prestar sus servicios en este año.

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